El exdirector de Pemex Carlos Treviño Medina presentó una denuncia penal en contra del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y de su mano derecha, el fiscal Juan Ramos, por el posible delito de tortura cometida indirectamente en su contra, al haber presionado a Emilio Lozoya para que presentara una denuncia con hechos supuestamente fabricados, en la que él fue incriminado.
En su denuncia presentada el pasado viernes ante la fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, Treviño y sus abogados sostienen que las presiones a las que Gertz y Ramos sometieron a Lozoya y su familia, forzándolo a no pelear su extradición, desistirse de amparos y hasta cambiar de abogados, representan una forma de tortura psicológica y emocional contemplada en el artículo 24 de la ley en la materia.
Una tortura de la que Treviño dice ser víctima también, pues a partir de ella Lozoya presentó una denuncia en su contra y de otras personas, a cambio de no ser sometido a prisión preventiva y con la promesa de que, eventualmente, se cancelarían sus procesos. El problema es que los hechos denunciados no se han podido corroborar pues, añade Treviño, son “falsedades”.
Actualmente, hay una orden de aprehensión girada en contra de Treviño por su probable responsabilidad en delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Esto, a partir de una indagatoria que, en efecto, la FGR abrió a partir de los dichos de Lozoya.
“Este proceder y violaciones graves a los derechos del señor Emilio Lozoya, sin perjuicio de su responsabilidad por los sobornos recibidos exclusivamente por él, ha sido catalogado como tortura a la luz de los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que derivaron de lo resuelto en el Amparo Directo en Revisión 807/2020 y que fueron publicados el pasado quince de julio de dos mil veintidós”, argumenta Treviño.
En el referido amparo, la Corte concluyó que la información que las fiscalías obtengan por cualquier forma de tortura no puede tener valor jurídico, pues son dichos producto de una coacción forzada. Los ministros puntualizaron que quienes realizan los actos de tortura lo hacen, en muchas ocasiones, con el objetivo de producir información incriminatoria susceptible de perjudicar a cualquier persona que se elija acusar.
En ese contexto, el máximo tribunal concluye que las afectaciones de un acto de tortura no solo están en quien la recibe, sino en aquellos que pudieran verse perjudicados por las “confesiones” o declaraciones que brinda la persona sometida al tormento a cambio de que este cese.
En el caso en concreto, en la denuncia se señala que justamente este es el escenario en el que se encuentra Treviño, cuyo proceso en contra se inició a partir de las denuncias presentadas por Lozoya en el contexto de coacciones y maltratos a él y a su familia.
“No hubo negociación; hubo tortura, cuyo resultado ha generado en el señor Carlos Alberto Treviño Medina un daño grave, personal y directo, por lo que, de conformidad con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hay duda de que tiene el carácter de ofendido”, indica la denuncia.
La presunta tortura paso a paso
En la denuncia se recuerda que, inicialmente, Lozoya sostenía que era inocente. Junto con sus primeros abogados, pertenecientes al despacho Coello Trejo, afirmaba que era víctima de una supuesta “persecución política” y que él no había cometido ningún delito. En mayo de 2019, ante la posibilidad de que se giraran órdenes de aprehensión en su contra, el exfuncionario salió del país y se refugió en Europa.
El 30 de agosto de ese mismo año, las autoridades catearon la casa de la madre de Lozoya, Gilda Margarita Austin, con lo que se supo que también había órdenes de aprehensión en su contra, y en contra de la esposa y la hermana del exdirector de Pemex.
A partir de ahí comenzó la comunicación de la FGR con el entorno de Lozoya, que desde el punto de vista de Treviño y sus abogados no fue una “negociación”, sino maltratos que se equiparan a “tortura”. Como se dio a conocer en audios filtrados en medios, fue directamente el fiscal general quien exigió a Emilio Lozoya Thalmann, padre del exfuncionario, que se desistieran de los amparos que habían tramitado y que también cambiaran de abogados.
“Antes de ser extraditado, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero condicionó el cumplimiento de diversos acuerdos contraídos con el señor Emilio Lozoya Thalmann, y lo sometió a tratos degradantes para que la familia Lozoya accediera a sus peticiones”, señala la denuncia.
Mientras tanto, agrega la denuncia, el entonces subprocurador Juan Ramos hablaba con el padre de Lozoya para que su esposa, Gilda Margarita Austin, no fuera encarcelada tras ser extraditada desde España. Sin ser ese su rol, incluso le recomendó tramitar certificados médicos.
Otra prueba de las presiones ilegales, indica Treviño, es la carta que Lozoya le envió a su abogado Javier Coello Trejo, y cuyo contenido fue dado a conocer por Animal Político en esta nota. En dicha misiva, Lozoya argumentaba que estaba siendo sometido a “fuertes presiones”, para cambiar de estrategia y de defensa.
Siguiendo los acuerdos pactados, Lozoya se desistió de pelear su extradición a México y aceptó ser deportado voluntariamente. La recompensa inmediata fue que aun tras ser vinculado a proceso se le permitió recuperar su libertad, pues los fiscales no pidieron prisión preventiva en su contra pese a que había los elementos para ello.
Y entonces vino el compromiso principal para Lozoya: la presentación de una denuncia en la que acusó a políticos de oposición y exfuncionarios, incluyendo Treviño, de diversos hechos de corrupción. Aunque la defensa de Lozoya dijo que se trataba de un paso para la obtención del criterio de oportunidad que le permitiera librar sus procesos, sus dichos no se incorporaron a sus procesos, sino que se presentaron como una denuncia nueva, lo que permitió abrir otra indagatoria distinta.
A los pocos días de ser presentada la denuncia se filtró, íntegra, a la opinión pública. Su contenido ha sido ampliamente difundido incluso por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en tribunales los hechos hasta la fecha no han podido ser acreditados por la FGR.
“Sin lugar a dudas, la denuncia de hechos falsos firmada por el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin fue obtenida por medio de tortura psicológica o mental perpetrada directamente por el titular de la Fiscalía General de la República, que también lo obligó a allanarse materialmente al procedimiento de extradición y a cambiar de defensores por unos elegidos por la propia Fiscalía que no se opusieran al plan fraguado por su titular”, indica la denuncia.
En dicha denuncia, Lozoya también señaló a la periodista Lourdes Mendoza de haber recibido regalos y recursos de parte de exfuncionarios, hechos que un juez civil ya calificó de difamación, dado que se trata de hechos no probados y, en consecuencia, falsos.
En este contexto, Treviño sostiene que la intención de su denuncia no es defender a Lozoya, sino visibilizar las afectaciones causadas por sus dichos que, a su vez, son resultado de la presunta tortura esgrimida por altos funcionarios de la fiscalía.
FGR se indagará a sí misma; buscan otras instancias
Como consecuencia de la denuncia presentada por Treviño, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR está obligada a abrir la carpeta de investigación correspondiente y a verificar los temas denunciados. En los hechos, esto significa que la institución debe autoinvestigarse, pues los presuntos implicados son los titulares de la propia FGR.
Por este motivo, Treviño y sus abogados adelantaron en su denuncia que el mismo escrito será formalizado ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ambas instancias realicen las indagatorias correspondientes.
La relevancia de caso, sostienen los abogados de Treviño, es que ese asunto se suma a otros más (caso Cuevas, caso Infonavit, caso UDLA) que reflejan, según definen, una “tortura institucionalizada que actualmente se implementa de manera sistemática” desde la FGR.
Con información de Animal Político
