El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) removió del cargo de Consejera Presidenta y de Consejero del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo a Guillermina Vázquez Benítez y a Francisco Martínez Ballesteros, respectivamente, por vulnerar los principios de certeza y máxima publicidad durante las elecciones celebradas en octubre de 2020 en la etapa de resultados electorales.
La sanción se da debido a que durante el proceso electoral de 2020 existieron fallas en el Programa de Resultados Electorales (PREP) que no se corrigieron a tiempo y, en consecuencia, se utilizó una herramienta informática distinta que no fue avalada por el INE como mecanismo para dar a conocer los resultados preliminares conforme lo ordena la Constitución, la legislación electoral y el Reglamento de Elecciones, lo cual vulneró la certeza de los resultados electorales, un principio al que están obligadas las autoridades electorales locales.
Respecto a otras dos consejerías denunciadas, el proyecto se declaró infundado, al determinar que no se contaba con elementos probatorios que constataran que las y los consejeros que no integraban la Comisión Especial del PREP en Hidalgo, tuvieran pleno conocimiento de las problemáticas que enfrentaba el desarrollo de implementación de este programa.
La Consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales (OPL), afirmó que a las dos personas sancionadas les correspondía la coordinación jurídica de la implementación y operación del PREP, además de vigilar la observancia en las bases y los procedimientos generales establecidos para la implementación y operación de dicho programa.
Destacó que las personas integrantes de la Comisión eran quienes estaban directamente obligadas a darle seguimiento y atención adecuada al PREP.
Ravel añadió que, si bien las dos personas sancionadas se constituyen como principales responsables, “me parece que el resto de integrantes del colegiado no está exento de responsabilidad, aunque no en la misma magnitud, pues como miembros del colegiado tienen el deber de vigilancia del correcto funcionamiento de las diversas áreas del OPL, entre las cuales se encuentra la Unidad Técnica de Informática que fungía como Secretaría Técnica de dicha Comisión”.
Por su parte, la Consejera Carla Humphrey se pronunció por remover a dos consejerías más, Miriam Saray Pacheco Martínez y Christian Uziel García Reyes, que si bien no formaban parte de la Comisión, sí fueron integrantes del órgano que aprobó diversas determinaciones.
“Las otras dos consejerías comparten, en partes iguales, la responsabilidad. No es correcto tratarlos de manera diferente sólo por no haber formado parte de la Comisión Especial del PREP, esto es así porque forman parte del pleno del máximo órgano de dirección de ese Organismo Público Local, por supuesto, del Consejo General y tienen idénticas responsabilidades y deberes, de estar informados e informadas de los asuntos institucionales en general”.
Esta propuesta fue acompañada por la Consejera Claudia Zavala, quien añadió que las y los consejeros electorales tienen el deber de dar un seguimiento puntual a los actos y a las actuaciones que se llevan a cabo en las diferentes comisiones, en las cuales se divide el trabajo para efectos de cumplir con sus responsabilidades.
“Una de las premisas fundamentales es que no se les hizo del conocimiento o no se les invitó, precisando las fechas, los horarios y los lugares para el tema de los simulacros. No considero que sea una razón suficiente para deslindar de responsabilidad, el hecho de que no se les haya invitado, porque, ¿cuál es lo ordinario? Las y los consejeros nos reunimos cotidianamente en reuniones de trabajo, vemos los temas que se están tratando”, mencionó.
Necesario establecer un rango de sanciones
Por su parte, el Consejero Martín Faz hizo un llamado al Tribunal Electoral y al Poder Legislativo para que se reflexione sobre la viabilidad de que el Consejo General del INE pueda imponer un rango de sanciones que vaya acorde a la gravedad de los incumplimientos y las violaciones a las reglas electorales perpetradas por parte de consejeros y consejeras de los Órganos Públicos Locales Electorales, ya que la única sanción posible es la remoción.
Consideró que tales faltas no son equiparables a las de aquellos consejeros que no integraban la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, pues, como se señala en el proyecto, la Presidenta y el consejero electoral aquí sancionados no sólo nos los convocaron a los simulacros, sino que ocultaron información respecto de los problemas de implementación del PREP al resto de los integrantes del Consejo de ese Instituto.
No obstante, añadió Martín Faz, “la realidad es que la consejera Miriam Saray Pacheco Martínez y el consejero Christian Uziel García Reyes sí tenían y tienen un deber de vigilancia, respecto de todos los temas competencia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, ellos debieron estar pendientes del avance y cumplimiento de un tema tan relevante para el proceso electoral, como es el desarrollo e implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares”.
Al acompañar el proyecto, el Consejero José Roberto Ruiz refirió que es clara la posibilidad de distinguir el grado de responsabilidad respecto de las cuatro personas involucradas.
“Claro que hay distintos niveles de exigibilidad de las obligaciones y aquí es un claro ejemplo para mí de ese hecho, de esa situación”.
La Consejera Adriana Favela se pronunció por posponer la discusión del proyecto de remoción, ya que en Hidalgo han iniciado las campañas a la Gubernatura. “Es el cargo de elección popular más importante que hay en las entidades federativas porque obviamente es el titular del Poder Ejecutivo a nivel local”.
“No estoy defendiendo absolutamente a nadie, yo siempre he sido de la idea de que si hay algún tipo de responsabilidad, obviamente, se investigue, se actúe y, en dado caso, se sancione como debe de ser, eso es lo que nos marca la ley. Pero pienso que ahorita, en este momento, no sería mejor para poder llevar a cabo estos procedimientos ya que se estaría destituyendo a dos personas”.
ENCCÍVICA se reafirma como una política pública de vinculación en favor de la participación política
Durante la sesión, el Consejo General recibió el Informe Anual de Implementación 2021 sobre las actividades relativas a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, documento que da cuenta de los avances y aportes de valor público de la ENCCÍVICA en 2021 que, a pesar de las condiciones sanitarias y de los ajustes en las actividades para atender eficazmente este contexto (pasando de actividades presenciales a digitales), la estrategia alcanzó una cifra histórica de personas atendidas de manera directa.
La meta programada fue originalmente de 6,089,554 personas y se tuvo un alcance de 8,864,718, lo que significa un cumplimiento mayor al programado del orden de 45.6%.
Durante 2021 se reafirma la ENCCÍVICA como una política pública que en su ejecución establece una amplia vinculación con diversas instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.
Al respecto, el Consejero Martín Faz expresó que si bien este informe da cuenta de los logros alcanzados, también establece áreas de oportunidad que se deben tomar en cuenta de cara al cierre de la ENCCÍVICA que finalizará en 2023.
“Potenciar el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, así como ampliar el espectro de públicos a atender con miras a revitalizar las alianzas con actores estratégicos de los sectores público, privado y social”.
Si bien se ha trabajado durante los últimos años para establecer alianzas con actores estratégicos, es momento de retomar lazos con la sociedad civil organizada y las redes ciudadanas para cerrar más fuerte que nunca con los objetivos de la ENCCÍVICA 2022 y 2023, concluyó Martín Faz.
