MCCI.- Empresas de La Estafa Verde robaron identidades y dieron domicilios falsos para simular operaciones con el Gobierno de Manuel Velasco en Chiapas. Un mensajero relata que un despacho contable de Tuxtla Gutiérrez fue utilizado para crear una empresa fantasma que sirvió para el presunto desvío de 60 millones de pesos. Al empleado le pidieron firmar un documento como apoderado para recoger documentos bancarios, pero en realidad le robaron su identidad para colocarlo como dueño de la compañía. Su socio era un chofer del mismo despacho, al que también lo colocaron como prestanombres
David López Martínez pasó los cinco años recientes de su vida sin saber que su nombre estaba registrado en el acta constitutiva de una compañía que había recibido más de 60 millones de pesos en contratos públicos, otorgados por el gobierno estatal de Chiapas.
En 2010, David encontró una vacante de mensajero en un despacho contable llamado “Crea Consultoría”, ubicado en la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Obtuvo el empleo y casi un año después llegó un “aumento” de sueldo, sobre los 2 mil pesos mensuales que recibía quincenalmente.
El chiapaneco, de 43 años de edad, recuerda que uno de los dueños de la consultoría le pidió que firmara unos papeles para hacerlo apoderado del despacho contable.
Le explicaron que necesitaban que, como mensajero, acudiera a recoger chequeras y otros documentos en los bancos. David no hizo preguntas, tampoco verificó a detalle qué clase de documentos firmó; solo acató las ordenes y recibió como compensación un ingreso extra de mil 500 pesos quincenales.
Pero lo que firmó no era un documento para hacerlo apoderado de la consultoría. En ese momento él se convirtió en el accionista fundador de la empresa Factibilidad Empresarial. Le robaron su identidad para crear una compañía fantasma, simuladora de operaciones.
“A mí no me dijeron que yo era dueño o socio de otra empresa. Supuestamente eso de firmar era sólo para ir a recoger chequeras porque yo solo era mensajero”, platicó en entrevista.
El hombre actualmente está desempleado y por la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se enteró que su nombre está involucrado en una red de desvío de recursos públicos del estado de Chiapas.
“Es molesto enterarse de esto porque era un sueldo bajo (el que recibía) y me salí por ese motivo, porque supuestamente me estaban dando un sueldo, pero no me lo daban todo en nómina. Los mil 500 me los daban aparte. Yo sólo firmaba un vale de recibido”.
Esos mil 500 pesos quincenales, que jamás se registraron en sus recibos de nómina, correspondían, en realidad, a la “renta” de su nombre.
David recuerda que entre sus labores también estaba llevar sobres tamaño carta y oficio, sellados, a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Chiapas. Él no sabe si los paquetes contenían dinero o documentos, solo recuerda que cada uno de ellos era “choncho”.
David trabajó hasta 2016 para la Consultoría Crea, donde compartía espacio con alrededor de 80 trabajadores, entre los que también estaba Amílcar Zavaleta, el otro accionista de Factibilidad Empresarial, la empresa a través de la cual el gobierno de Chiapas desvió 60 millones de pesos.
David confirmó a MCCI que Amílcar, su supuesto socio, trabajaba como chofer de la consultoría, aunque desconoce las condiciones bajo las cuales terminó su nombre en el acta constitutiva de Factibilidad Empresarial.
“Uno no tiene dinero ni para pagar la renta. Mi hija se enfermó y no le pude pagar el doctor y ahorita me entero que según yo tengo mucho dinero, pero es mentira”.
Los domicilios falsos
Factibilidad Empresarial de México es una empresa que fue constituida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 13 de abril de 2012, por Amílcar Zavaleta Espinosa, de oficio chofer, y David López Martínez, el mensajero.
Amílcar reportó como domicilio el ubicado en la calle Caoba, manzana 73, lote 4, de la colonia Patria Nueva, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
MCCI buscó la dirección en la colonia Patria Nueva, pero la calle Caoba no cuenta con manzana 73. El domicilio es inexistente.
El domicilio fiscal de la empresa está registrado en la calle Libramiento Norte Poniente, número 2851, interior 6, de la colonia Miravalle en Tuxtla Gutiérrez. En este lugar se ubica una plaza comercial donde sólo tres locales están en funcionamiento y toda la segunda planta, que era ocupada por un complejo de cine, se encuentra abandonado.
Una de las trabajadoras del salón de fiestas que está dentro de la plaza explicó que el centro de negocios que se encuentra al lado de su local sirve como espacio para renta de oficinas virtuales pero que no ha escuchado que esté registrada alguna con el nombre de Factibilidad Empresarial.
En el directorio pegado en la puerta de cristal de la oficina están enlistadas otras 17 compañías con diferentes nombres.
Esta empresa, que fue liquidada el 8 de julio de 2017, recibió 55.3 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Chiapas durante el año de 2014 y otros cinco millones de otras cuatro dependencias de aquel estado.
En total, esa empresa emitió comprobantes fiscales por más de 60 millones de pesos al gobierno de Manuel Velasco.
El consejero del Gobernador también usó empresas fantasma
La consejería jurídica del Gobernador fue una de las doce dependencias del Gobierno de Chiapas que contrataron empresas oficialmente declaradas “fantasmas” durante la gestión de Manuel Velasco Coello, actual senador por el Partido Verde.
Ese despacho, cuyo nombre completo es Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, contrató en noviembre de 2016 a Grupo Asesor Odul SA de CV, una empresa que fue clasificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como simuladora de operaciones.
El 6 de marzo de 2019 –ya durante la actual administración federal-, el SAT emitió una resolución en la que determinó que las operaciones realizadas en 2016 por Odul habían sido una simulación, incluidas las facturas emitidas al Gobierno de Chiapas.
En la relación de facturas enlistadas como presuntamente irregulares por el SAR, estaba una emitida el 11 de noviembre de 2016 por 20 millones de pesos a la consejería jurídica de Manuel Velasco.
El titular en ese momento de la consejería era el abogado Vicente Pérez Cruz, quien en sus redes sociales presume su cercanía de amistad con el senador por Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, actual presidente de la mesa directiva del Senado.
Ambos habían coincidido en el gabinete de Velasco en Chiapas. Ramírez Aguilar fue su primer secretario de Gobierno –entre 2013 y 2015-, mientras que Pérez Cruz tuvo la función de consejero jurídico del Gobernador durante todo el sexenio.
Grupo Asesor Odul también emitió dos facturas en diciembre de 2016 por 20.8 millones de pesos a nombre de la Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres en Chiapas.
La historia de simulación se repite
La citada empresa registró ante el SAT que su domicilio fiscal estaba en camino antiguo a Coajomulco, número 17, interior A, Colonia Cuauhtémoc, en el estado de Morelos. Pero José Ignacio Velázquez Tolayo, dueño del predio desde hace 40 años, asegura que allí nunca ha estado ninguna empresa.
“Tenemos más de 40 años de vivir aquí y no existe”, dice Velázquez Tolayo, quien trabaja como albañil y tiene 63 años de edad.
Este predio está en la periferia del estado de Morelos, y fue dividido en tres partes: una casa de dos pisos, otras viviendas más de una sola planta con techo de lámina y un pedazo que sigue en construcción. Todas ellas son propiedad de José Ignacio, quien asegura que si él tuviera una empresa “no viviría allí”.
Constructora Jaguar Negro –otra de las empresas fantasma- también está relacionada con tres domicilios ubicados en colonias populares en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Uno de ellos, en la colonia Vista Hermosa, corresponde a una casa deshabitada. “Está vacío (…) Ni ha vivido gente, ni ha sido empresa”, aseguró un vecino del lugar.
Hasta el año pasado en esa casa había una oficina de contadores que abarcaba también al número 1354, que está al lado derecho del predio, en donde hay una casa de color café claro.
Una casa en Calzada Conasupo, en la colonia San José Terán, es otra dirección vinculada a la constructora, pero los vecinos tampoco identifican en ese sitio a una empresa.
La colonia Sur Oriente, en la colonia El Mirador, en Tuxtla, es otra dirección relacionada con la empresa; sin embargo, en esa colonia no existe una calle con ese nombre ni ese número.
Sigue leyendo con material audiovisual y fotografías exclusivamente en la investigación en: https://contralacorrupcion.mx/gobierno-de-manuel-velasco-desvio-60-millones-a-empresa-que-robo-identidades/
Información de Vanessa Cisneros, Valeria Durán y Lucía Vergara | Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
