Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU especializada en la independencia de jueces y abogados, expresó preocupación este lunes por los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), a quienes ha acusado “corruptos” o “delincuentes”.
A través de una publicación en redes sociales, Satterthwaite subrayó que la erradicación de la corrupción es un asunto grave en México, pero que su prevención y sanción debe basarse en pruebas.
“Las acusaciones públicas por parte de funcionarios ejecutivos no califican como un método efectivo para combatir la corrupción“, dijo.
La relatora precisó que el impacto de las declaraciones de funcionarios de alto rango no es tema menor, pues ellos influyen sobre la percepción pública de desempeño del Poder Judicial.
Advirtió que cuando los funcionarios desacreditan públicamente a personajes sobre quienes recae la administración de la justicia en el país, se vulnera su seguridad, misma que el Estado debe garantizar.
“Un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños a causa de su trabajo o del contenido de sus decisiones y sentencias independientes”, señaló.
Las observaciones de Satterthwaite surgen durante la pugna del partido oficialista para impulsar un paquete de 20 reformas constitucionales, entre las que se contemplan elegir a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación mediante voto popular.
Este lunes, la virtual candidata presidencial electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el 81% de los mexicanos estarían de acuerdo con implementar dichas reformas.
