EN LA MIRA
Hector Estrada
El conflicto dentro de Los Chimalapas recobró notoriedad este miércoles a nivel nacional con la petición hecha por las comunidades involucradas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para emitir de una vez por todas sentencia definitiva a un caso que lleva casi nueve años en el archivo pendiente y que, además, ha significado la devastación de más de 50 mil hectáreas de reserva natural en los límites entre Chiapas y Oaxaca.
Hace casi nueve años, el 29 de noviembre del 2012, el gobierno de Oaxaca, que en ese entonces era gobernado por Gabino Cué Monteagudo, mediante la Secretaría General de Gobierno, presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional por la presunta invasión de predios que los comuneros oaxaqueños reclamaban como suyos.
En ese entonces los pobladores denunciaron la creación del nuevo municipio chiapaneco “Belisario Domínguez” dentro de territorio oaxaqueño. Habían pasado 70 años de un conflicto que mantenía a los pueblos zoques de Chiapas y Oaxaca en la disputa de una importante extensión de tierra que ambas entidades pelean como propia. Sin embargo, el caso se quedó en la congeladora de la SCJN durante los siguientes años.
Apenas en 2019 el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh) presentó un escrito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar una audiencia al ministro José Fernando Franco González Salas, ponente en la controversia constitucional presentada por el gobierno de Oaxaca, para dar a conocer la destrucción de 50 mil hectáreas de selva alta y bosque de niebla, ante nuevas invasiones.
Han pasado nueve años de iniciado el juicio de controversia constitucional 121/2012 y de haberse emitido una suspensión de plano por parte de la propia SCJN, y la situación sigue complicándose. A decir de las organizaciones ambientalistas, el “limbo jurídico” ha permitido que la destrucción impune e irreversible de miles hectáreas de selva alta y bosques de niebla dentro del territorio comunal continúe ante la inacción de las autoridades omisas.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Agraria (PA), actualmente existen 126 supuestas pequeñas propiedades ilegales dentro de territorio comunal de Santa María y San Miguel Chimalapa, sin embargo, el CNDyCCh acusa que dicha dependencia se ha negado a entregar los expedientes sobre las invasiones.
La mayoría de estos predios (ranchos ganaderos) se encuentran al sur de la zona conocida como Cal y Mayor, y una porción menor están en las zonas de Hondonada, Quebrachal y San Marcos, en San Miguel Chimalapa. Mientras tanto, el saqueo masivo de madera y el cambio de uso de suelo para la crianza de ganado no se detiene.
Y es que el impacto ambiental no es menor. El territorio en disputa desde hace 70 años alberga por lo menos 146 especies de mamíferos, 140 de reptiles y anfibios, 316 de aves y 900 de mariposas, muchas endémicas. Además, esta bioregión de casi 600 mil hectáreas es un territorio ancestral del pueblo indígena zoque, pues lo ha habitado, poseído, usufructuado y defendido durante siglos.
El silencio de las autoridades de los tres niveles de gobierno y el letargo de la SCJN para definir el conflicto limítrofe han provocado un estado de anarquía en la región que no sólo ha dejado como saldo constantes enfrentamientos violentos y muerte, también ha desencadenado un daño ambiental a gran escala difícil de resarcir a corto o mediano plazo. Por eso la solicitud hecha esta semana por casi un centenar de organizaciones civiles para exigir sentencia definitiva y dar finalmente certeza jurídica a un caso que no puede seguir esperando más tiempo… así las cosas.
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Hector Estrada | @HectorEstradamx
