El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a los partidos políticos del Trabajo, con 119 millones 870 mil 694.18 pesos y a Morena con cuatro millones 529 mil 225.06 pesos, al acreditar esquemas de financiamiento irregular.
En sesión extraordinaria, la autoridad electoral determinó que durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez como presidenta municipal de Texcoco (2013-2015) se instrumentó un sistema de financiamiento paralelo, el cual se tradujo en recursos que beneficiaron a Morena por dos millones 114 mil 612.5 pesos y que no fueron reportados.
La sanción parte de una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) desde 2017 en la que denunció “descuentos aplicados a los entonces empleados del municipio de Texcoco y del DIF municipal”, los cuales estaban encaminados a la conformación de Morena como partido político y a la eventual candidatura de Gómez Álvarez a la diputación federal y a la gubernatura del Estado de México.
En la investigación del INE se encontraron pruebas suficientes para sostener la hipótesis de culpabilidad respecto de la existencia de un mecanismo de recaudación de recursos provenientes de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del Ayuntamiento y del DIF de Texcoco, en el Estado de México, los cuales fueron entregados a María Victoria Anaya e Iveth Rosas Rosas, quienes recibieron diversos cheques del ayuntamiento por un importe total de 13 millones 890 mil 47 pesos.
Al tomar en cuenta las circunstancias de extracción del recurso y su entrega mediante métodos sistemáticos, continuos y permanentes a personas físicas, se evidencia la intención de evasión de la acción fiscalizadora de la autoridad electoral, perpetrada en el contexto de vigencia del periodo constitucional de Delfina Gómez Álvarez como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Texcoco, esto es, 2013-2015.
En el Sistema Integral de Fiscalización del INE, Morena reconoció, dentro de la contabilidad de la otrora candidata Delfina Gómez Álvarez, a diversas personas físicas y morales como proveedores de productos y servicios que fueron beneficiadas (ya dentro del marco temporal en que Morena había obtenido su registro como partido político nacional) de los recursos provenientes de las retenciones salariales a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, toda vez que recibieron cheques emitidos por la principal retenedora de recursos, María Victoria Anaya Campos, motivo por el cual se tiene por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado.
Por ello, se le sanciona con el 200% del monto involucrado, equivalente a cuatro millones 529 mil 225.06 pesos.
Además, se da vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por las conductas que pudieran configurar delitos electorales; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por las conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conductas que pudieran configurar delitos dentro de su esfera de competencia.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, señaló que la queja contra Morena lleva varios años en el INE y desde 2017 se hicieron investigaciones exhaustivas. “Se estuvo analizando toda la información con mucho cuidado y, finalmente, traemos hoy el proyecto que se pone a su consideración”.
Destacó que todos los integrantes del Consejo General se pronunciaron por condenar el descuento de ciertas cantidades de dinero a los trabajadores por parte de los gobiernos, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, práctica que desafortunadamente no solamente es de un partido político específico, sino que existen otros que también han incurrido en esa práctica.
“El mensaje que está mandando el INE es que este tipo de prácticas no deben de realizarse, obviamente van en contra de la Constitución, de la ley y que si se denuncia y se demuestra esta situación, nosotros podemos investigar a dónde van esos recursos y si llegan a tener contacto con algún partido político, entonces, nosotros como INE tenemos competencia para poder investigar el tema y, en su caso, sancionarlo”, afirmó.
“Lejos estaremos de una vida pública y política a salvo de corrupción si permitimos que el uso patrimonial de cargos públicos quede impune. Cobrar diezmos a los trabajadores es un abuso lo haga quien lo haga, es pensar que el trabajador debe su empleo al partido gobernante en turno y que por eso puede quitarle parte de su salario”, estableció el Consejero Ciro Murayama.
Expuso que difiere del proyecto, porque no se sanciona la totalidad del dinero que fue sustraído ilegalmente de los trabajadores (13 millones 890 mil 047 pesos), pues buena parte del dinero no se rastreó porque lo convirtieron en efectivo, “pero la retención, la emisión de cheques y su cobro son parte de la misma operación”. Sin embargo, la propuesta no prosperó.
El Consejero Jaime Rivera Velázquez ponderó la extensa investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización, en la que queda demostrado que el partido y su candidata a diputada federal en 2015 fueron beneficiados directamente con ingresos no reportados, provenientes de un mecanismo de retención indebida a empleados del Ayuntamiento de Texcoco, se trata de una conducta dolosa “para obtener recursos de manera ilegal”, aseveró.
La investigación “pone de manifiesto una falta que no puede limitarse a la imposición de una sanción, sino que debe conducir a una profunda reflexión en cuanto a las medidas idóneas, que esta autoridad deberá implementar en el futuro para evitar que conductas irregulares se hagan una práctica frecuente en detrimento de la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas”, consideró la Consejera Carla Humphrey.
Pidió votar por separado lo referente al cheque emitido a favor de Marco Ramos Pineda, quien se desempeñaba como presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Morena por 20 mil pesos, así como otro emitido a la empresa Transporte Escolar y de Personal por 130 mil pesos e incorporar a la sanción por el 200% del monto involucrado, propuesta que fue respaldada por la mayoría.
Para el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona se trata de la sustracción de 13 millones de pesos de salarios que se quitaron ilegalmente a trabajadores al servicio del gobierno y las leyes mexicanas protegen el salario de manera especial, porque de eso depende la sobrevivencia de muchísimas familias.
Sin embargo, expresó que la falta en que incurrió Morena es culposa por faltas en su deber de vigilar y añadió que la sanción debe ser por el 150% de los recursos y no de 200%. Esta última propuesta no prosperó en el pleno.
“Las malas prácticas como las retenciones salariales realizadas por los gobiernos locales son actos que desde la materia electoral no pueden quedar impunes”, por lo que el Consejo General debe ser firme y sancionar conductas que menoscaban derechos de los trabajadores”, dijo la Consejera Norma De la Cruz.
Y anunció su voto en contra ya que, desde su perspectiva, no se cumplió el plazo para la sustanciación establecido en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización para admitir la queja.
Para la Consejera Dania Ravel se trata de “la existencia de un hecho premeditado y no aislado”. No obstante, valoró que si bien las retenciones salariales ascendieron a más 13 millones, únicamente se cuenta con elementos para demostrar que el monto de dos millones 314 mil pesos, detecta un vínculo directo con Morena y, por lo tanto, “no podríamos sancionar por la totalidad del monto recaudado mediante el sistema de retenciones, en virtud de que las conclusiones sólo podrían sustentarse en una serie de conjeturas que no tienen un soporte probatorio sólido”.
“Hay indicios documentales que permiten reconstruir una trama de financiamiento ilícito a partir de retenciones de servidores públicos, a través del aparato del municipio para destinarlo a fines político-electorales”, estableció el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Pidió no obviar la integralidad del esquema de desvío de recursos con fines políticos, pues se trata de una trama que se prolongó a lo largo de tres años, aunque los recursos en efectivo impiden evidenciar en qué fueros utilizados.
