La educación para el gobierno de la cuarta transformación no ha sido prioridad, pues el caso de las famosas Universidades para el Bienestar, un proyecto más, que sin duda, es otro elefante blanco del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Desde su inicio los 140 planteles que actualmente integran el Programa Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, fueron aprobados en medio de opacidad, precarización laboral, despidos injustificados y falta de infraestructura educativa a pesar de ser uno de los 17 programas prioritarios del Gobierno federal.
A este proyecto se le han destinado casi 3 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 957 mil mdp en ese mismo año, 987 mil en el 2020 y también 987 mil en el 2021.
Las evaluaciones realizadas durante su primer año de operación revelan que empezaron de manera improvisada en sedes provisionales e, incluso, sin que todas las carreras tuvieran la certificación y validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La meta son 200 mil estudiantes al final del sexenio. No obstante, de acuerdo con los informes de gobierno, actualmente hay un avance de 14%: la matrícula es de 28 mil personas, aunque se tiene una capacidad para atender a 80 mil.
Otro problema de este programa fallido, a cuatro años de haber sido presentadas, en las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez” aún estudian en salones prestados y a unos 600 alumnos no les han entregado su título, por lo que algunos han tenido que ampararse o recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)/
El 1 de julio, cuando el presidente inauguró la refinería en Dos Bocas, una egresada de Derecho de la Escuela de Educación Superior de Comalcalco, Tabasco, fundada por Morena en 2016 e integrada al nuevo sistema, entregó una denuncia por escrito.
El 18 de marzo de 2021, otro egresado interpuso el amparo 300/2021 ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México porque no quieren expedir ni siquiera un certificado.
Estudiantes egresados de la sede en Cuahutémoc aseguraron que en febrero de 2020, en una reunión, Sosa les dijo que no podían reclamar nada: “Son una bola de rechazados”, les habría dicho.
Sin embargo, a cuatro años de ser constituidas, problemas como la falta de infraestructura educativa persisten en un gobierno de mentiras y pretextos.
