La Comisión Política Nacional, encabezada por su presidente Santiago Creel Miranda y con la presencia del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, así como, con la de los coordinadores parlamentarios de ambas Cámaras, los integrantes de la Comisión Política reiteraron su total respaldo y el de todo el panismo nacional hacia Ricardo Anaya Cortés, hacia cualquier panista o cualquier ciudadano, que sin fundamento alguno sea perseguido.
No permitirán que se utilicen a las instituciones públicas para pretender socavar las bases más elementales de la pluralidad y la convivencia democráticas.
Además, afirmaron que seguirán recurriendo a instancias internacionales que son ley de la nación, como es el caso del Sistema de Justicia Interamericano, en la salvaguarda de la libertad y de su marco constitucional.
Lo ocurrido con Ricardo Anaya no es un caso aislado, aseguran. Otros actores políticos de la oposición han sido también hostigados y perseguidos por este régimen. Tal es el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; o de los diputados federales electos Rogelio Franco e Ildefonso Guajardo.
Agradecen y reconocen asimismo la solidaridad de las dirigencias nacionales del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano frente a la persecución que sufre el ex presidente y ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Esta lucha trasciende partidos e ideologías, y es por la democracia, las libertades y el Estado de derecho, afirma PAN.
Por ningún motivo dejarán de denunciar la enorme corrupción e ineptitud del actual gobierno. Adjuntan que tampoco el “nefasto” intento por dividir y polarizar a los mexicanos mediante una crispación social y política que lastima al país.
“Hacemos también un exhorto respetuoso al Poder Judicial por el papel preponderante que tendrá en el seguimiento de estos casos de persecución política, para que en todo momento se respete el debido proceso y la presunción de inocencia, a pesar de que el titular del Ejecutivo ya haya imputado culpabilidades, que rompen con este principio constitucional básico, reiterado en todas los tratados de derechos humanos que México es parte”, declararon.
