El asesinato de Lourdes Maldonado, es el segundo asesinato de periodistas en Tijuana BC y tercero en México en las primeras tres semanas del año 2022. Estos tres asesinatos se suman a los 145 asesinatos de periodistas desde el año 2000, de los cuales 28 han ocurrido durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El domingo 23 de enero, entre las 18 y las 19 horas, Lourdes Maldonado López, reportera independiente y corresponsal para varios medios, entre ellos Canal 73 IZZI, Televisa y conductora del programa Brebaje en Radio Sintoniza Sin Fronteras y por internet, fue asesinada afuera de su domicilio. Información de fuentes abiertas indican que Lourdes fue interceptada en su automóvil, por un sujeto desconocido quien bajó de un taxi en el momento en que ella llegó.
María de Lourdes Maldonado López, de 67 años, era originaria de Gómez Palacio, Durango, de donde viajó a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en periodismo en la escuela Carlos Septién. Su carrera profesional inició en Acapulco, Guerrero, y luego en la Ciudad de México para los noticieros de Televisa. Después fue enviada como corresponsal a Tijuana. Dejó de trabajar en Televisa en el 2000, pero continuaba escribiendo su columna Brebaje Político, misma que llevó a la televisión local por cable y posteriormente transmitió en redes sociales debido a la pandemia.
Lourdes cubría principalmente notas de política y corrupción en el estado de Baja California. De igual forma, se conoce que la periodista se encontraba en un conflicto laboral, desde el año 2013 con la empresa televisora Media Sport de México (PSN) del exgobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez, lugar donde trabajó la periodista.
Casi nueve años después de iniciar un proceso legal en contra de PSN, el pasado 19 de enero, cuatro días antes de su asesinato, Maldonado fue notificada de una resolución a su favor por parte de la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje no. 59 en Tijuana, con motivo del despido injustificado que ella reclamó, así como adeudos de nómina, por lo que se requirió legalmente a dicha empresa pagar lo debido a la periodista.
Ese día mismo día, de acuerdo con información pública por parte del abogado de la periodista se sabe que se requirió al exgobernador pagar una cantidad, quien al negarse, se procedió por ley al embargo de los bienes que tenga la empresa y/o inclusive los que tenga Bonilla Valdez, en este giro se embargó la empresa mercantil PSN, y designó como depositaria interventora con cargo a la periodista Lourdes Maldonado.
En un video que circula en Internet, el abogado dijo que esto permitiría a la periodista tener acceso a “todos los libros contables, todas las nóminas de pagos a sus empleados. De igual forma, Bonilla está obligado a entregarle las aportaciones al seguro social e Infonavit y entregarle todo lo relacionado con el pago de impuestos”.
El proceso legal por asuntos laborales era preocupante para Lourdes, quien públicamente refirió en la conferencia matutina del presidente López Obrador el 26 de marzo de 2019.
Conforme a la documentación que ARTICLE 19 realizó directamente con la periodista Lourdes Maldonado, se registró que la periodista sufrió dos ataques a su vehículo en la semana del 29 de marzo al 4 de abril del 2021. En esa ocasión Lourdes mencionó a ARTICLE 19
Desde 2021, la periodista contaba con rondines de policía municipal en su domicilio, como medida de protección por parte del Sistema Estatal de Protección a Periodistas, al cual acudió después de estos hechos contra su vehículo, conforme a lo que ella mismo mencionó a ARTICLE 19 en abril de ese año. Asimismo, contaba con “botón de pánico” en su celular y domicilio.
Sin embargo, desde 2019, existe información respecto a que Lourdes también había solicitado protección ya que como lo refirió ante el presidente de la República, temía por su vida. De acuerdo con información pública local del 10 de abril de 2019.
La situación de la libertad de expresión y el periodismo en Baja California ha ido empeorando cada vez más. ARTICLE 19 ha documentado una preocupante tendencia del incremento de agresiones en Baja California en los últimos años, pasando de 20 agresiones en 2018 a 43 en 2021.
