Para la continuidad en la organización del proceso de Revocación de Mandato, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) -aprobó por unanimidad- ajustes presupuestarios adicionales para reducir el costo del ejercicio de 3,830 a 3,306.73 mdp; es decir, una reducción de 523.67 mdp; además, se hicieron ajustes a otros proyectos para sumar 64.4 mdp a los 1,503 ya disponibles; sin embargo, aún son insuficientes para realizar este ejercicio conforme a la legislación, por lo que solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 1,738.9 millones de pesos.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que el Instituto está acatando la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y propone hacer un nuevo ajuste a su presupuesto para el ejercicio 2022, a fin de liberar recursos adicionales y financiar las actividades del proceso de Revocación de Mandato.
Se establece, precisó, una nueva meta de ahorro de 64.46 millones de pesos y se propone un esfuerzo por reducir el costo del ejercicio de 3,830 mdp originalmente costeados a 3,306.73 mdp; es decir, una reducción de 523.67 mdp.
“Con estas dos acciones, el déficit presupuestal para realizar la Revocación de Mandato en los términos de la Ley se estaría reduciendo a 1,738 mdp. Por lo tanto, ésa será la partida adicional que el INE estará solicitando formalmente a la Secretaría de Hacienda, acatando la resolución de la Sala Superior”, agregó.
El Consejero Presidente estableció que “hoy, nadie en su sano juicio podrá acusar a la autoridad electoral de no haber hecho todo lo que está a su alcance para cumplir puntualmente con su mandato legal. Y eso no es un asunto menor, en tiempos en los que hay quienes están dispuestos a usar el brazo penal del Estado para amedrentar a quienes ejercemos y defendemos la autonomía del INE”.
Córdova Vianello indicó que la sentencia del TEPJF vincula a la SHCP para que dé respuesta al INE “a la brevedad, de manera fundada y motivada y siga el procedimiento respectivo que dé cauce a la solicitud para que haga efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía”.
Consideró que la sentencia del Tribunal, junto con la resolución de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “marcan la ruta que este Instituto está siguiendo, pero, además, blindan jurídicamente al INE en caso de que la Revocación de Mandato tenga que organizarse sin las características que pide la Ley por falta de recursos suficientes”.
El Instituto giró oficios a distintas instituciones para solicitar su colaboración. Consultó a Talleres Gráficos de México la posibilidad de que, en colaboración a esta autoridad, la impresión de la documentación electoral y boletas sea gratuita, o bien algún otro mecanismo que permita reducir los costos, de lo cual se espera la repuesta respectiva.
Se verifica con los Organismos Públicos Locales (OPL) la disponibilidad de urnas electrónicas que puedan aportarse y eventualmente utilizarse en la jornada de la Revocación, además de personal, para que, junto con el personal del Instituto, lleve a cabo las actividades de integración de mesas directivas de casilla, de capacitación de las personas que participarán como funcionarias de casilla y de asistencia electoral y puedan participar como escrutadores y/o personas funcionarias de casilla suplentes.
Como acciones adicionales, el INE consulta a la Comisión Federal de Electricidad la posibilidad de que provea el servicio público de distribución de energía que incluye entre otros, las plantas de generación de energía eléctrica, bajo la modalidad de comodato.
Al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se consultó la posibilidad de brindar primeros auxilios proporcionados por personal de enfermería, sin costo, para dar ese importante servicio en favor de la protección a la salud de las personas que desarrollarán actividades en las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales y funcionarios de casilla.
Durante la sesión, la Consejera Norma De la Cruz Magaña afirmó que es posible hacer un mayor esfuerzo y tomar la oportunidad para revisar el cómo se presupuesta y evitar una planeación inercial.
“El acuerdo nos demuestra que, con voluntad, podemos hacer ahorros” dijo y consideró que es posible realizar un esfuerzo mayor para generar más economías, por lo que citó como ejemplo:
“Utilizar los centros de recepción y traslado fijos e itinerantes en los mecanismos de recolección y no considerar dispositivos de apoyos para el traslado de funcionarios de mesas directivas de casilla”, entre otros.
En su intervención, la Consejera Dania Ravel Cuevas recordó que es la segunda ocasión en la que el INE aprueba ajustes a su presupuesto para este ejercicio fiscal y mencionó que se identificaron ahorros adicionales al presupuesto base en el rubro de servicios generales por 64.4 mdp, “ya que debido al repunte en los contagios de COVID-19 buena parte del personal del INE sigue trabajando todavía a distancia, lo que permite tener ahorros en algunos servicios como luz, telefonía y agua”.
Además de que en las actividades propias de la Revocación de Mandato se propone reducir el 50% de los apoyos financieros de los Consejos Locales y Distritales, reducir los insumos sanitarios de las casillas, eliminar el pago de viáticos a visitantes extranjeros, así como prescindir del papel seguridad en la impresión de las papeletas, además de no contratar plazas destinadas al apoyo del pautado, ni 15 plazas del proyecto del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.
En materia de Capacitación, abundó, se obtendrán ahorros al disminuir el periodo de contratación de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales, además de aumentar el promedio de casillas bajo su responsabilidad, también se propone reducir 20% del presupuesto de las Juntas Locales para el traslado de la documentación y materiales electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla.
El INE, sentenció la Consejera Carla Humphrey Jordan, organizará con toda precisión, oportunidad, seriedad y con los más altos estándares de calidad la Revocación de Mandato, “a pesar del complejo escenario en el que nos encontramos a partir de las decisiones del órgano Legislativo”.
En su opinión, “aún hay margen para seguir avanzando sin sacrificar nuestros más altos estándares ni la certidumbre que la norma demanda en todas las fases del procedimiento”, por lo que sugirió seguir explorando más ahorros.
El INE -agregó Humphrey- es el órgano garante no sólo de los derechos político y electorales, sino también de derechos fundamentales de nueva generación, como el derecho a la buena administración, a la rendición de cuentas y a la integridad electoral. Propuso que la SHCP debe dar una respuesta a más tardar el 31 de enero “en donde se establezca si nos van a dar, cuántos recursos y cuáles son las ministraciones para poder tomar las decisiones sucesivas”.
En este proyecto nosotros estamos haciendo un esfuerzo institucional muy grande para hacer ajustes a diversos rubros para dotar de recursos a este ejercicio de participación ciudadana”, manifestó la Consejera Adriana Favela Herrera.
Con los ajustes, abundó, el INE contará con 2,091 millones de pesos, lo que implica el 54.60% del presupuesto que inicialmente se había pedido a la Cámara de Diputados para realizar la Revocación de Mandato y se estarían solicitando 1,738 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda que es el 45.40% de lo inicialmente presupuestado.
Subrayó que la autoridad electoral pide a la SHCP notifique su determinación a la brevedad. “Si va a poder proveer o no del recurso y en su caso cuánto y cuándo, porque debe tener en cuenta que a más tardar el 4 de febrero de este año se tendrá que emitir la convocatoria para la Revocación de Mandato”.
Tras rechazar categóricamente las presiones, amenazas y las imputaciones presidenciales “de que nos hayamos opuesto a un mandato constitucional o que hayamos actuado de manera antidemocrática”, la Consejera Claudia Zavala Pérez aclaró que se acudió al camino que proporciona el Estado de derecho.
“Hoy lo que tenemos es la respuesta de ese Estado de derecho, una respuesta que da el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde nos delinea las responsabilidades que tenemos cada una de las autoridades del Estado mexicano”.
Por ello, consideró que en la organización de la Revocación de Mandato se debe dejar trabajar al INE con los estándares de calidad acostumbrados y, que en todo caso, “sea la vía de las reformas constitucionales y no la de las descalificaciones ni de las mentiras que los actores políticos sean los que discutan el cambio en lo que crean que es necesario en nuestro sistema electoral”.
l Instituto está operando al límite y en este esfuerzo ya no tendrían cabida o margen legal para mayores modificaciones sin comprometer el éxito de los resultados, advirtió el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña.
“En términos de operación y de capacitación estamos haciendo un esfuerzo donde ya no podrían reconsiderarse más cuestiones, porque no sólo estamos ya con tiempos ajustados, deberíamos estar concentrados plenamente en los trabajos operativos; sin embargo, todavía estamos detenidos en estos temas presupuestarios de la Revocación de Mandato”, señaló.
Mencionó que en pocos días van a realizarse los exámenes para reclutar a miles de Supervisores y Capacitadores Electorales; “esos son los trabajos, las tareas en las que quisiéramos estar al 100 por ciento concentrados; sin embargo, hoy nos tienen aquí por la omisión, todo lo que derivó de la omisión de la Cámara de Diputados de otorgarle los recursos necesarios al INE”.
El Consejero Martín Faz Mora subrayó que las propuestas fueron resultado del trabajo conjunto de consejeras y consejeros y de las áreas del Instituto.
“Fue un esfuerzo colegiado que muestra, por un lado, ese ánimo de construcción colegiada, y por otro ese compromiso institucional claro por la realización de la Revocación de Mandato y, por lo tanto, para que haya un ejercicio efectivo de los derechos políticos de los y las mexicanas que desean realizar este ejercicio de participación democrática”.
Aplaudió que el Tribunal haya vinculado a la Secretaría de Hacienda, para que “de manera fundada y motivada, y entendiendo también que tiene una responsabilidad por ser parte del Estado mexicano, en la materialización y en garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos en la Revocación de Mandato”.
