Las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron poner a consideración del Consejo General un proyecto de acuerdo que ordena a los partidos políticos nacionales modificar sus documentos básicos para establecer reglas claras que garanticen la paridad en la postulación de sus candidaturas a partir de las elecciones de gubernaturas en Coahuila y Estado de México a celebrarse en 2023.
Esta determinación del INE se realiza en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que vincula a los partidos políticos nacionales a definir reglas claras en las que precisen cómo aplicarán la competitividad en la postulación de mujeres a sus candidaturas y al INE para que supervise que se emitan tales reglas de paridad sustantiva y verifique que en los registros de sus candidaturas se cumplan tales criterios.
El proyecto, que será puesto a consideración del Consejo General en su próxima sesión, establece que, a más tardar el 31 de octubre de 2022, todos los partidos políticos nacionales deben modificar sus documentos básicos a efecto de establecer cómo aplicarán la competitividad en la postulación de mujeres a las candidaturas a gubernaturas, ya sea de manera individual, en coalición o candidatura común, a partir del próximo proceso electoral.
Se requiere a los partidos políticos para que informen al INE a más tardar 30 días antes del inicio de su proceso de selección de candidaturas a gubernaturas en Coahuila y Estado de México, la entidad donde postularán a una mujer como candidata o, en su caso, si en ambas entidades postularán a mujeres, asimismo, en caso de que aún no hayan sido aprobadas por el Consejo General las modificaciones a sus Documentos Básicos, informen en el mismo plazo a la autoridad electoral sobre los métodos de selección de candidaturas aprobados por el órgano competente para garantizar la paridad sustantiva a través del criterio de competitividad.
En sesión extraordinaria, la presidenta de las Comisiones Unidas, Norma De la Cruz Magaña, sostuvo que la paridad sustantiva y la perspectiva de género ya no pueden esperar.
“Esta sentencia -del Tribunal Electoral del Poder Judicial- es una oportunidad para los partidos políticos, porque finalmente se tiene que lograr la paridad al interior de los mismos y el 52 por ciento de la Lista Nominal son mujeres. ¿Cuáles son las políticas que ustedes están realizando para integrar a las mujeres para que cumplan esa función de ser fractales de la sociedad y poder transformar las demandas ciudadanas en políticas públicas?”, les subrayó.
Los partidos políticos, agregó, también tienen que alcanzar y reflejar lo que está sucediendo en el resto del país y de las instituciones, “el tener una paridad sustantiva y una democracia incluyente al interior”.
Para la Consejera Carla Humphrey Jordan el tema está claramente establecido por una sentencia de la Sala Superior y “si este acuerdo se aprueba o no por el Consejo General, ustedes están obligados por la propia sentencia a tener estas reglas de paridad antes del inicio de los siguientes procesos electorales”.
Sugirió que los partidos políticos hagan estas reformas en algún lineamiento o reglamento, siempre y cuando se determine que no pueden llevar a cabo una asamblea para reformar sus documentos básicos, siempre y cuando los revise el Consejo General junto con las normas de competitividad y que se comprometan a incorporarlos en su siguiente asamblea, lo cual fue rechazado por la mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas.
El acuerdo es complementario a lo que establecen en materia de paridad las legislaciones de Coahuila y Estado de México, abundó la Consejera Dania Ravel Cuevas, quien aclaró que no hay colisión porque no se está normando sobre cuestiones que tienen que ver con la competitividad interna en los partidos políticos.
Detalló que la sentencia vincula al INE “a supervisar que todos los partidos políticos nacionales emitan reglas para cumplir con el principio de paridad sustantiva por vía del criterio de competitividad, especialmente para las candidaturas de gobernador o gobernadora, en caso de que los partidos políticos nacionales no cumplan dicho principio deberá ordenarse que modifiquen su normatividad antes del inicio del próximo proceso electoral”.
