Los controles de precios son parte de una política pública mediante la cual el Gobierno fija la tarifa a pagar por una mercancía, o puede establecer un precio mínimo y/o máximo y las empresas del sector deben obedecerlo, lo que resulta en una distorsión en la economía que termina por afectar a quienes se pretende beneficiar, señaló José Medina Mora Icaza, presidente nacional de Coparmex al participar en el webinar “Impactos de la política de control de precios”
Medina Mora detalló que en el plan 2019-2023, Coparmex tiene como objetivo estratégico incidir en el fortalecimiento de una economía de libre mercado, competitiva, sustentable, con equidad, estabilidad laboral y responsabilidad social, por lo que este diálogo es de suma importancia para conocer sobre el uso de esta política y sus impactos.
En ese sentido, Gerardo Trejo Veytia, secretario general de la confederación y moderador del panel recordó que en la década de los ochentas, el control de precios fue una herramienta comúnmente utilizada por el gobierno como estrategia para combatir los altos niveles de inflación con resultados negativos, ya que se generan desajustes en la oferta y demanda.
Mencionó que recientemente se ha visto esta política en algunos ámbitos, como el tope a las comisiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y en el establecimiento de precios máximos de Gas LP, por lo que el diálogo con expertos, contribuye a comprender los impactos desde distintas perspectivas.
Para dar inicio al panel, Benito Solís, presidente del Comité de Propuesta Económica de Coparmex sostuvo que en los países donde se han eliminado los precios libres y se ha establecido una política de control de precios, aparece la escasez.
Sostuvo que para incentivar la inversión en los países, tener un mayor crecimiento, con precios libres y flexibles, sin inflación, donde exista una clara definición de los derechos de propiedad, exista competencia y eliminación de monopolios, se debe dejar trabajar al sistema de mercado con la participación activa y positiva del gobierno.
Por su parte, María José Contreras, directora general de Promoción a la Competencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), realizó sus aportaciones desde la perspectiva de los impactos de la política de control de precios en la competencia y el rol de la comisión en cuanto al uso de esta normativa.
En su intervención dijo que la competencia es, en la mayoría de los casos, la mejor forma de asegurar la eficiencia en los mercados, pues cuando las empresas compiten ofrecen mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad y variedad a los consumidores, además de que impulsan mejoras en la productividad e innovación.
Compartió también que en México existen leyes que prevén la regulación de tarifas a partir de la emisión de una declaratoria de condiciones de no competencia como son la Ley de Puertos, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la Ley de Hidrocarburos, que contempla un mecanismo para regular precios finales aunque sostuvo que, el control de precios, debe ser utilizado en ocasiones extraordinarias, con base en criterios técnicos y teniendo al centro al consumidor y al bienestar social.
Respecto al impacto en los hogares de la política de control de precios, Víctor Gómez Ayala, director de inteligencia de datos de Fundación Rafael Dondé, enfocó su participación en el sector energético, donde la relación entre este sector y las finanzas públicas del país, detona una serie de consecuencias ineludibles sobre el bienestar de los hogares.
En ese sentido Gómez Ayala consideró que una de las discusiones más nocivas que ha tenido la sociedad “ha sido la idea de que los procesos de reforma, lo estamos viviendo hoy con la reforma del sector eléctrico, tienen como consecuencia -se han vendido desde el punto de vista social, como un fenómeno- que va a ocasionar que los precios bajen casi de manera artificiosa y eso desafortunadamente es incorrecto”.
Añadió que la creencia de que el Gobierno puede controlar los precios del gas, la electricidad o la gasolina por una cuestión de voluntad es una “quimera”.
Para finalizar el panel, Elena Estavillo, fundadora y directora general de Centro-i, en su contribución acerca de los impactos del control de precios para la competitividad del país, sostuvo que cuando existen condiciones sanas de competencia, que se suman e interactúan en el mercado, traen beneficios para los consumidores pues existen oportunidades para el emprendimiento y la generación de empleos.
Ejemplificó cómo en el pasado, cuando existía control de precios en el país, esto generó falta de competitividad, rezago en adopción tecnológica, en innovación, se desincentivó la inversión y esto trajo como consecuencia un impacto en el bienestar de las personas.
En las conclusiones, José Medina Mora Icaza, reiteró la postura de rechazo que ha manifestado la Coparmex respecto a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), pues disposiciones como que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pase a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) distorsiona las reglas del mercado.
Dijo que el camino para fortalecer a la CFE no es quitarle la competencia, pues de acuerdo con lo que demuestran los mercados, la libre competencia hace más eficientes a las empresas y al quitar la competencia se generará un incremento de precios que pagará el consumidor final.
Agradeció a los panelistas la claridad en sus argumentos que dijo, exponen gran parte de las razones por las que se debe rechazar la reforma a la LIE.
Por su parte, Gerardo Trejo, compartió que se debe consolidar la economía de mercado y la libre competencia, pues esto genera más y mejores empresas, empleos bien pagados, mejores productos y servicios y se asegura el desarrollo sostenible e inclusivo.
