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La CNDH emite recomendación al gobierno de Puebla por la represión de normalistas

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 161/2022 al Secretario de Seguridad Pública de Puebla (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, por la represión cometida por parte de elementos de la policía estatal preventiva en contra de 54 estudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán” que se manifestaron el 1 de junio de 2021 en las inmediaciones de Casa Aguayo, sede del gobierno estatal.

De acuerdo con el comunicado emitido por la CNDH, el gobierno de Puebla debe proceder a una reparación integral del daño a favor de las estudiantes afectadas por la violación a sus derechos humanos; además, tiene que ofrecer una disculpa pública en la que reconozca su responsabilidad en los hechos y difundir las medidas de no repetición que adoptará la SSP para evitar que se repitan este tipo de situaciones.

Las violaciones a los derechos humanos cometidas contra las normalistas son contra la libertad de expresión y reunión pacífica, en relación con la protesta social, así como a la seguridad jurídica, legalidad, libertad e integridad personal por detención y retención ilegal, y tratos crueles e inhumanos derivados del uso excesivo de la fuerza.

La Comisión recuerda que luego de esos hechos, el 2 de junio, este órgano autónomo exhortó a las autoridades del Gobierno de Puebla a cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar, proteger y facilitar las manifestaciones públicas.

“El 3 de junio, una de las víctimas compareció en esta Comisión Nacional con objeto de presentar una queja por los hechos, en virtud de que fue detenida de manera violenta por parte de los elementos de la policía, quienes lo golpearon y amenazaron por participar en la movilización estudiantil”, agrega.

Al día siguiente, 4 de junio, la Comisión emitió medidas cautelares e inició un expediente de queja de oficio, luego de que medios de comunicación informaron sobre las detenciones arbitrarias en contra de las y los estudiantes que solicitaban una reunión con el gobierno estatal para esclarecer la muerte de dos alumnas el 20 de mayo de 2021, así como el cumplimiento a acuerdos firmados con la Secretaría de Educación del Estado.

Agrega que la Fiscalía General de Puebla informó que abrió tres carpetas de investigación sobre estos hechos y, al revisar la evidencia, quedó demostrado que los elementos de la SSP de Puebla irrumpieron en la manifestación sin justificación alguna, lo cual ocasionó que las personas manifestantes disolvieran el contingente, con lo que se vulneró su derecho a la libertad de expresión.

“Además, se coartó su derecho a asociarse o reunirse pacíficamente; recibieron censura tanto por parte de agentes de la SSP estatal como de probables particulares, con la anuencia de la policía estatal preventiva, sumado al hecho de que estos policías debieron ser garantes de salvaguardar su integridad y garantizar el pleno goce de sus derechos humanos”, agrega la CNDH.

Señala que la justificación que dio la SSP en torno su actuación fue que procedieron a detener a las estudiantes cuando la manifestación se tornó agresiva y empezaron a aventar piedras y tubos.

“Sin embargo, esta versión no es coincidente con las fotografías, ni con los videos analizados por la CNDH, por lo cual, y con base en el análisis de las evidencias de este caso, este Organismo Público emitió una serie de puntos recomendatorios en los que solicita que se inscriba a las 54 personas agraviadas en el Registro Estatal de Víctimas y se proceda a la inmediata reparación integral del daño”, añade.

Esto, puntualiza, incluye una compensación justa, en términos de la Ley General de Víctimas y su similar del estado de Puebla. Además, de otorgar la atención médica y psicológica que requieran, igual pide devolver a ocho víctimas los bienes que les retuvieron o pagarlos en caso de que no sea posible la devolución.

También recomienda que la Dirección de Asuntos Internos de la SSP de Puebla de seguimiento a la denuncia administrativa que presente la CNDH para identificar y sancionar a los responsables de los actos y omisiones y coadyuve con la FGEP para el esclarecimiento de los hechos.

Con información de Proceso

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