Miles de personas se manifestaron en la tarde de este jueves en Ciudad de México en apoyo a la causa zapatista y contra la violencia que sufren las comunidades originarias y campesinas en Chiapas, donde el pasado domingo fue asesinado Marcelo Pérez, destacado líder religioso comunitario.
La marcha fue convocada por colectivos zapatistas, movimiento mayoritariamente indígena que promueve los derechos de estos pueblos, y contó con la participación de numerosos grupos estudiantiles, sindicales y de la sociedad civil en su discurrir desde el antimonumento a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa hasta el Zócalo capitalino.
“Estamos en contra de esa guerra que viven hoy nuestros hermanos y hermanas zapatistas. El gobierno ha sido omiso ante esta guerra, no han hecho nada, tan es así que acaban de matar al padre Marcelo por defender los derechos humanos, por defender la paz, por exigir justicia y por eso hoy marchamos para exigir un alto total a esa guerra”, denunció a EFE la representante de la comunidad indígena otomí y delegada del Congreso Nacional Indígena, Isabel Valencia.
El padre Pérez, sacerdote indígena tzotzil, fue asesinado a tiros el pasado domingo en San Cristóbal de las Casas.
La labor del padre Marcelo no solo se limitaba a su vocación pastoral, también era un firme defensor de los derechos de los pueblos indígenas y había recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas en su contra.
“La responsabilidad la tiene el gobierno, se supone que ellos están para cuidar a los pueblos (…) es su responsabilidad junto con el narcoestado, están coludidos, por eso hoy estamos viviendo esta guerra”, afirmó la delegada indígena.
Los manifestantes denunciaron el saqueo de las tierras indígenas en el estado de Chiapas por parte del crimen organizado bajo la omisión de las autoridades, lo que, según dicen, ha generado una guerra civil de facto en la zona.
“Estamos viviendo una militarización sin precedentes, casi oculta, con muchas reformas que se han aprobado. Entre ellas, claramente la reforma militar, que pasa ya la Guardia Nacional a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esto habla ya prácticamente de una dictadura”, expresó José, cuyo apellido prefirió dejar en el anonimato por seguridad.
El incremento de la presencia militar en Chiapas fue denunciado de forma constante durante toda la manifestación con reiterativas consignas; “Chiapas no es un cuartel”, coreaban los manifestantes.
“Es una reforma que es muy en el papel y no es real y como siempre se violan los derechos de los pueblos (…) al final los pueblos originarios han luchado durante mucho tiempo para tener ese lugar, ese espacio y llegan unos paramilitares de la nada los despojan otra vez”, destacó Aretzy Marlene, perteneciente a un movimiento estudiantil.
Otro tema que surgió durante la manifestación, que transcurrió sin incidentes destacables, fue la protesta contra los megaproyectos emprendidos por la anterior administración y que la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, ha prometido seguir expandiendo.
“Imponen megaproyectos, desmantelando la resistencia de los pueblos y luego se lavan las manos culpando a la delincuencia organizada, que no podría existir sin la corrupción intrínseca del capitalismo neoliberal”, señaló una portavoz del movimiento zapatista con el rostro tapado.
El caso del padre Marcelo Pérez Pérez es un reflejo del peligro que enfrentan los activistas en México, donde la violencia vinculada al crimen organizado ha dejado una huella profunda en comunidades vulnerables.
Según la ONU-DH, desde 2017, al menos 134 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país, siete de ellos en lo que va de este año.
