Con la ayuda de las fuerzas policiacas federales que indebidamente se apostaron en las afueras del Palacio Legislativo de Durango, Morena y sus aliados aprobaron la iniciativa con la cual pretenden arrebatarle, en la próxima Legislatura, la coordinación de la Junta de Gobierno y Coordinación Política a quienes los ciudadanos eligieron en las urnas para tener la mayoría de los diputados locales.
Como un “robo legislativo” fue calificado este acto por los presidentes de los partidos integrados en la coalición “Va por Durango”, PRI, PAN y PRD, que junto con sus diputados electos acudieron al Congreso local para tratar de evitar se concretara este acto que no tiene precedente a nivel nacional y con el cual Morena, que tendrá tan solo la mitad de los diputados que tiene en esta legislatura, se hace nuevamente del control del gobierno interno del Poder Legislativo.
“No es una reforma para mejorar la vida interna del Congreso o que vaya a redundar en la calidad de vida de los duranguenses, es solamente para hacerse del control del Congreso, porque a Morena no le interesan las leyes o las normas, sino solamente satisfacer su apetito de tener el recurso económico bajo su control y arrebatar posiciones”, consideró Rubén Escajeda, presidente del PRI en Durango.
Igualmente, Verónica Pérez Herrera, presidenta del PAN estatal, manifestó que no es competencia de la actual Legislatura decidir sobre la entrante, por lo que este “albazo” a unos días de que concluya su gestión, es una muestra evidente de su arbitrariedad al modificar la Ley Orgánica del Congreso.
Los panistas, priistas y perredistas cuestionaron también la presencia del Servicio de Protección Federal del Gobierno de Morena, quienes se apostaron a las afueras del edificio sede del Poder Legislativo y agredieron a los manifestantes incluso rociándolos con gas.
“Llegaremos a las últimas consecuencias para luchar contra este atropello, que demuestra una vez más que cuando Morena no gana, arrebata”, dijo Miguel Ángel Lazalde, dirigente estatal del PRD, tras anunciar que inicia ya la batalla jurídica contra esta disposición que fue aprobada por la mayoría que aún componen Morena y sus aliados en la Legislatura que está por terminar.
