EN LA MIRA
Hector Estrada
El incremento en el precio de los insumos que ha llevado al límite de la desesperación a los industriales de la masa y la tortilla en Chiapas llegó a uno de sus “puntos de quiebre” este lunes cuando un importante sector organizado de ellos decidió salir a las calles de la capital chiapaneca para manifestar su angustia ante la situación y exigir a las autoridades locales medidas emergentes.
Y es que, en sólo un año el precio del kilogramo de tortilla se ha disparado en más de un 30 por ciento, alcanza precios de hasta 21 pesos por kilo en algunos expendios de la entidad. Pero, ¿a qué se debe realmente el imparable incremento al precio de este alimento de la canasta básica?
Lo cierto es que el asunto tiene muchas más aristas de las imaginadas. El problema tiene origen de fondo en los insumos más importantes para su producción: el maíz y el gas LP. A nivel internacional, de agosto de 2020 a mayo del presente año, los precios de la tonelada de maíz alcanzaron su máximo histórico, pasando de un promedio de 200 dólares a 330 dólares por tonelada. Es decir, las tarifas internacionales, que también rigen en buena medida el mercado mexicano, tuvieron un aumento de más del 50 por ciento.
El fenómeno anterior se debió en buena parte a la disminución de siembra y producción durante los meses más complicados de la pandemia por Covid-19 (que generó un desabasto inevitable a nivel internacional) y al comportamiento anómalo de potencias como China que, tras una recuperación más rápida que el resto de las naciones, decidieron acaparar buena parte de la producción mundial para el abasto interno, importando cantidades incluso mayores a las registradas antes de la contingencia epidemiológica.
México no fue ajeno a esta circunstancia. Los principales estados productores de maíz también registraron un aplazamiento en las cosechas, comenzando su recuperación hasta después del mes de abril pasado. Situación que se complicó debido a la insuficiencia nacional para abastecer a la demanda interna de maíz amarillo.
Y es que, aunque resulte complicado de creer, en condiciones normales México importa más del 20 por ciento de la producción de maíz que se consume habitualmente, mayoritariamente procedente desde los Estados Unidos. Sin embargo, con la pandemia y la disminución de la producción nacional la necesidad de importación se disparó.
Ese es uno de los principales argumentos de las harineras en México; que además están controladas por un mercado acaparado por dos empresas: Grupo Gruma, con su marca Maseca, que tiene actualmente entre el 35 y 40 por ciento del mercado nacional, y la marca Minsa que posee un 20 por ciento del mercado aproximadamente. El 40 por ciento restante está dividido entre marcas más pequeñas entre las que destacan productos a base de nixtamal.
El “duopolio” también juega un papel importante en la estandarización de precios, como resultado del acaparamiento de la producción nacional y la falta de competencia. A lo anterior se suma un problema muy similar con respecto al gas LP; ya que, al igual que el resto de los hidrocarburos, los precios del LP se rigen por estándares internacionales, sobre todo en naciones como México cuyo abasto depende en buena medida de las importaciones.
Las acciones gubernamentales pueden tener incidencia en el precio al consumidor, pero éstas serán de impacto mínimo en un mercado con precios liberados por ley, que además está regido por la demanda internacional y un precio de referencia que ha alcanzado en los últimos días máximos desde hace más de siete años.
El precio del Mont Belvieu, la referencia internacional para la venta de gas LP a las grandes comercializadoras mundiales (no para la venta al consumidor final), ha aumentado de manera acelerada desde los primeros meses de este año. Apenas el viernes pasado el hidrocarburo se cotizó en 1.055 dólares por galón –equivalente a 5.33 pesos por litro–, su precio más alto desde octubre de 2014.
Este precio impacta directamente al mercado mexicano, que importa cerca del 80 por ciento del gas LP que se consume en el país y del que la estatal Pemex es responsable en cerca del 15 por ciento, de acuerdo con datos de consultoras internacionales. Ni Estados Unidos, que es autosuficiente en gas LP, o Argentina (que tiene uno de los más grandes yacimientos mundiales), que está ‘nadando’ en gas LP, tienen precios diferentes a la referencia internacional, que es lo que está subiendo.
A todo lo anterior hay que sumarle los costos de logística (almacenamiento, transportación y venta directa) que hace una cadena de precios aún mayor. Además del comportamiento irregular detectado en buena parte de las grandes empresas gaseras del país debido a la estandarización de precios, bajo presuntos pactos de control ilegal al mercado nacional.
Hay indicios de malas prácticas por parte de las cinco empresas que dominan el mercado del gas LP. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) abrió recientemente un par de investigaciones al respecto. Se presume que hay colusión entre los jugadores y se comprobó ya que la utilidad por kilo de gas LP de las gaseras se duplicó en un año, elevándose de 4 a 8 pesos.
A todo lo anterior se debe que en tan sólo un año los precios de los insumos para la elaboración de la tortilla hayan incrementado de manera histórica. Pasando, en el caso de Chiapas, entre diciembre de 2020 a julio de 2021, de 13 mil 500 pesos a 16 mil pesos la tonelada de harina de maíz y de 5 a 12.90 pesos el litro de gas LP para los dueños de las tortillerías en Chiapas.
Por eso el asunto se ha vuelto insostenible, y la propuesta del presidente de la república para la instrumentación de una nueva empresa gasera gubernamental (Gas Bienestar) demoraría más tiempo de lo planeado a fin de dar cobertura a todos los rincones del país. El incremento de la masa y la tortilla no es tan sencillo o superficial como parece, requiere de medidas urgentes para afectos a corto plazo y soluciones más profundas para controlar mejor la volatilidad tarifaria de un alimento tan básico en la dieta nacional… así las cosas.
EN LA MIRA
Hector Estrada | @HectorEstradamx
