EN LA MIRA
Hector Estrada
Lo que comenzó como el súbito enriquecimiento de un par de hermanos tuxtlecos durante el sexenio de Pablo Salazar Mendiguchía en Chiapas, terminó por convertirse en una red nacional de evasión fiscal y desvío de recursos públicos que ahora tiene en la mira a ex presidentes, ex funcionarios federales de “alto nivel”, legisladores en funciones y varios personajes políticos chiapanecos ya bastante cuestionados por sus turbios antecedentes.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del chiapaneco Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez-Mont ha terminado por “embarrar” a varios en una larga lista de ex socios, socios en funciones y clientes bastante conocidos dentro de la política nacional y local, que van desde el ex secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong hasta el ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez Fernando Castellanos Cal y Mayor.
De acuerdo con la investigación, a la pareja se le acusa de un presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos realizado a través de una red de empresas fantasma. La investigación detalla que los recursos emanaron de la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de dos contratos de adjudicación directa a la empresa fantasma Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. y a su vez a siete empresas fantasma más, entre agosto y octubre de 2016. Los contratos fueron reservados durante cinco años por la dependencia, alegando “motivos de seguridad nacional”.
La FGR señala a Álvarez Puga y Gómez-Mont como presuntos beneficiarios finales del desvío millonario realizado desde la Secretaría de Gobernación a través de compras y facturas falsas, durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong, ahora senador del PRI. Por ello, la dependencia los acusa por su presunta participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
La empresa beneficiada tiene registrado su domicilio ante el SAT en una humilde vivienda de Morelia, Michoacán. Otra de las direcciones registradas se ubicaba en Paseo de la Reforma 505, donde se encuentra la Torre Mayor, la cual resultó ser una dirección falsa. Derivado de esta investigación, se han girado casi una decena de órdenes de aprehensión en las que figuran varios funcionarios del sistema penitenciario que firmaron los contratos.
Destacan con los casos de Paulo Uribe Arriaga, director general de administración del sistema de prevención y readaptación social (acusado por no haber activado el código rojo tras la fuga del Chapo Guzmán), y Eduardo Guerrero Durán (acusado también de haber recibido dinero del Cartel de Sinaloa para proteger a sus integrantes). Guerrero es una figura cercana a Osorio Chong, aunque al parecer no hay hasta ahora elementos en la investigación que involucren al ex secretario de Gobernación.
Figuran también entre los responsables perfiles como el de José Alberto Rodríguez Calderón, acusado en algún momento de extorsión; Antonio Molina Díaz, involucrado en la compra de medicamentos que nunca llegaron a los centros federales, así como el general Salvador Camacho Aguirre, ex funcionario de la Policía Federal y presuntamente responsable por las masacres de Apatzingán, Tanhuanato y Nochixtlán.
De acuerdo con información difundida por el portal de noticias Infobae, Víctor Manuel Álvarez Puga también colaboró con la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos y estuvo muy involucrado en la Cruzada Nacional contra el Hambre, del gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que sospechosamente el gobierno de Manuel Velasco Coello fue uno de los mayores beneficiados. Por todo eso el pasado 10 de septiembre, un juez giró la primera orden de aprehensión, a petición de la FGR para detener a la pareja.
Durante el sexenio de Pablo Salazar Mendiguchía, Víctor Manuel y su hermano Alejandro fundaron en Tuxtla Gutiérrez el despacho Álvarez Puga y Asociados, una firma de abogados y contadores especializados en materia tributaria, que comenzó prácticamente en ceros y actualmente tiene presencia en 45 ciudades de la República Mexicana. Se trata de una familia que pasó de tener un pequeño negocio de tortas en el centro de la capital chiapaneca a poseer un despacho millonario con costosas propiedades en México y el extranjero.
Luego de que la FGR diera a conocer que la pareja lleva tiempo fuera del país, informó que solicitará la emisión de fichas rojas a la Interpol en contra del matrimonio. Y es que, aunque se desconoce el paradero real de Víctor e Inés, se cree que desde hace al menos seis meses habrían salido hacia Estados Unidos para refugiarse en una mansión propiedad de la conductora ubicada en Miami, valuada en 17 millones de dólares, según información recabada por el portal periodístico Animal Político.
El escándalo legal en torno a la pareja también ha reavivado vínculos incomodos con otras figuras. Destacan los casos de Santiago Creel Garza Ríos (hijo del ex secretario de gobernación panista), José Antonio Aguilar Bodegas y, evidentemente, el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, a quienes se les acusa de ser socios de la empresa o estar ligados a ella. Además de vínculos con Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco Coello y Fernando Castellanos Cal y Mayor, a quienes se señala de ser clientes y férreos protectores de los hermanos Álvarez Puga durante sus respectivos gobiernos.
En 2017 durante la boda de Alejandro Álvarez Puga en Tuxtla Gutiérrez el propio Manuel Velasco, aún siendo gobernador, asistió como invitado de honor al enlace matrimonial. Las relaciones amistosas y de negocios entre personajes de la política estatal como Manuel Velasco, su madre (Leticia Coello), Fernando Castellanos, José Antonio Aguilar Bodegas y Pablo Salazar con los Álvarez Puga fueron hechas públicas sin el menor empacho durante los años de bonanza en que el despacho operó bajo la absoluta impunidad.
Desde hace al menos tres sexenios las sospechas y los señalamientos envolvieron las operaciones de los Álvarez Puga y sus vinculaciones con gobiernos o políticos igual de turbios. Las primeras denuncias e investigaciones contra ellos tienen más de una década. Según señala el periodista Hernán Gómez Bruera, en 2010 la firma Álvarez Puga & Asociados ya había sido investigada por el SAT por defraudación fiscal y lavado de dinero. Incluso en abril de ese año las oficinas de la empresa fueron cateadas por la PGR y confirmaron que efectivamente había asesoramiento para que las empresas evadieran impuestos.
Las investigaciones continuaron, pero en 2016, finalmente, de manera por demás sospechosa, la SEIDO desestimó el caso y cerró el expediente. Aun así, diversas notas periodísticas reflejan que Víctor Manuel y Alejandro habían sido vinculados a escándalos como el daño al plan de retiro del IMSS, el caso de Oceanografía, el desvío de recursos en la Cooperativa Cruz Azul y la red de triangulación de recursos en la campaña presidencial de El Bronco, sólo por mencionar algunos de los más emblemáticos.
Actualmente el caso sigue escalando en la agenda pública, involucrando otros tantos personajes, como Ricardo Monreal, Rubén Moreira, Alejandro Moreno Cárdenas, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y los hijos de Marta Sahagún, entro otros, que parecen ser sólo la punta de un iceberg mucho más profundo y extenso que seguramente dará más de qué hablar durante las siguientes semanas si las investigaciones se realizan con real apego a la ley y sin inmunidades especiales… así las cosas.
EN LA MIRA
Hector Estrada | @HectorEstradamx
