EN LA MIRA
Hector Estrada
El aparatoso accidente del transporte público ocurrido este domingo pasado, en el que siete personas resultaron heridas después de que una “combi” se quedara si frenos al norte poniente de Tuxtla Gutiérrez, ha puesto nuevamente sobre la mesa una cadena de corrupción en todos los niveles que hoy mantiene a un joven de 23 años (Rubén Juárez) luchando por su vida en el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza de la capital chiapaneca, sin que se haya abierto al menos una carpeta de investigación para fincar responsabilidades penales.
Lo ocurrido a Rubén, junto a las otras seis personas gravemente lesionadas, no es resultado de las malas coincidencias o el infortunio, es consecuencia de la negligencia intencional y avaricia de los concesionarios del transporte público en Chiapas, pero también de la complicidad de las autoridades de la Secretaría de Tránsito, la Secretaría de Movilidad y Transporte, y de años de gobiernos que permitieron un sistema de transporte público operando al margen de la ley, a punta de extorsiones y acuerdos turbios.
Para empezar, la unidad colisionada este domingo, tipo Urban Panel Larga Modelo 2004, ni siquiera debía estar en circulación como transporte de pasajeros para este año. Así lo señala la “Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas” en su Artículo 89, párrafo uno, que establece un máximo de 10 años de antigüedad para que las unidades del servicio público puedan prestar servicio en la entidad. Sin embrago, la unidad en cuestión tenía 17 años en operación.
¿Cómo pudo mantener el concesionario el permiso de funcionamiento siete años más, casi el doble de lo permitido? La respuesta parece bastante obvia y apesta a corrupción. Es ahí justo donde se desencadenan toda la serie de complicaciones en torno a este caso para la atención de los lesionados.
Y es que, debido a que la unidad se encontraba fuera de los tiempos permitidos para su operación como transporte público, las pólizas de seguros para pasajeros también estaban vencidas, y la contratación de nuevas resultaba inviable. Por eso Rubén y el resto de los heridos fueron trasladados a instituciones públicas de atención médica y no a clínicas privadas que respondieran de inmediato a todos los gastos hospitalarios.
Todo, a pesar de que los seguros de pasajeros vigentes son una obligación establecida en los artículos 83 y 85 de la misma Ley de Movilidad y Transporte. Si las revisiones se hicieran de manera periódica, como es obligación de la Secretaría de Movilidad y Transporte, ninguna unidad debería funcionar más de un año sin los seguros vigentes para todos sus usuarios. Pero evidentemente no sucede así.
A lo anterior súmele usted que la unidad 7301 tiene como propietario a uno de los más poderosos dueños del transporte público en Chiapas, Julio Arturo Chong Kuan, alias “El Chino”. Chong Kuan es un personaje bastante conocido en el gremio, acusado de poseer -a través de prestanombres y corrupción- numerosas concesiones del transporte de pasajeros y enriquecer su poder sobre el sector durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero, que, además, lo dejó como secretario del Consejo de Administración del extinto “Conejobus”.
No, el tema no es tan sencillo. No se trata de un simple accidente por una falla en los frenos. Ni siquiera de un desmayo desafortunado del chofer con uno de sus pies apretando el acelerador de manera irreversible, como trataron de hacer creer en versiones alternas (sin fuente identificable), que, por cierto, finalmente fueron desmentidas por los propios lesionales y sus familiares. El asunto tiene de fondo un problema mucho más complejo que responsabiliza penalmente al concesionario y, de paso, a la toda la estructura de corrupción que lo rodea.
Rubén era también chofer de la unidad propiedad de Julio Chong. Sin embargo, ya iba de copiloto rumbo a su casa, como cualquier otro pasajero, después de haber terminado su jornada de trabajo. No imaginó que, junto a su relevo (Fabián), la tragedia estaba en puerta. Hoy se encuentra internado con la columna destrozada, sin poder mover la mitad de cuerpo y con serios problemas para respirar. Mientras tanto su madre resiste a las afueras de nosocomio a los intentos de intimidación y sobornos para acallar el asunto.
Como Rubén y Fabián, actualmente hay cinco pasajeros más lesionados por ese aparatoso percance, que pudimos ser cualquiera de los que todos días hacemos uso de transporte público sin las mínimas condiciones de seguridad. Se trata de un servicio de alto riesgo que se ha normalizado gracias a: la complicidad de las autoridades de Tránsito, que por una “mordida” permiten que las unidades circulen a exceso de velocidad; a la colusión en las autoridades de Transporte, por permitir que los concesionarios hagan y deshagan al margen de la ley; y también a quienes siguen pensando que por ser un sistema de transporte público se debe aguantar la pésima calidad del servicio… así las cosas.
EN LA MIRA
Hector Estrada | @HectorEstradamx
