Los días 16 y 17 de febrero se llevó a cabo en la Ciudad de Oaxaca, el segundo Foro Regional para Impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,convocado por la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes del Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Oaxaca, integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, así como organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Oaxaca.
Es el segundo foro regional, luego del que se llevó a cabo en la Ciudad de México durante el mes de enero. El objetivo fue analizar la propuesta de Ley General impulsada por Segob, realizar aportes y sugerencias frente al contexto particular de Oaxaca.
Durante el evento, las personas defensoras y periodistas denunciaron la grave situación que se vive en la entidad, recordando que Oaxaca se encuentra de luto por el asesinato del periodista Heber López ocurrido el pasado 10 de febrero en Salina Cruz, y recordaron también que en México han sido asesinados en 2022 al menos cinco periodistas y dos personas defensoras. De allí que reconocieron la importancia de estos espacios para la búsqueda de acciones interinstitucionales en todos los niveles de gobierno para atender al contexto de violencia y límites a la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico que aqueja al país desde hace más de una década, el cual, se ha agravado durante el actual sexenio de gobierno Federal y Estatal.
Las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y periodistas denunciaron en el foro, el desinterés que mostró el Gobierno del Estado, debido a que únicamente acudieron algunos funcionarios sin capacidad de decisión y se evidenció la ausencia del Gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, del Secretario General de Gobierno del Estado, Francisco Javier García López, de la titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca, Norma Reyes Terán así como del Fiscal General del Estado, Arturo Peimbert Calvo.
También señalaron que la propuesta de una Ley General no puede ser la única respuesta al contexto de crisis y alto riesgo que se vive en Oaxaca y México para las personas defensoras y periodistas, y que se debe de dar seguimiento a iniciativas y esfuerzos anteriores, como las 104 recomendaciones de la ONU-DH dirigidas al Mecanismo de Protección y al Estado, y promover reformas a marcos normativos a nivel nacional y estatal que inhiban la labor de personas defensoras y periodistas.
Recalcaron que es fundamental que se fortalezcan capacidades y se siga garantizando un papel preponderante de la Federación en garantizar la protección de personas defensoras y periodistas frente a la total falta de confianza en el Gobierno del Estado, quien en muchas ocasiones es el responsable de las agresiones a personas defensoras y periodistas, sea por haber cometido la agresión o por encubrir y no investigar.
Insistieron en la importancia de garantizar una participación amplia en estos espacios, garantizando que se escuche y reconozca la diversidad y particularidades de la defensa de derechos humanos y libertad de expresión en un estado como Oaxaca donde los riesgos y necesidades se dan en particular en contextos comunitarios e indígenas, que deben de ser analizados desde un enfoque colectivo, comunitario y desde el mismo territorio.
Las y los representantes de la sociedad civil que participaron durante los dos días fueron reiterativas en que los dos aspectos indispensables para la prevención y la protección a personas defensoras y periodistas, son garantizar recursos humanos y financieros suficientes para la implementación de una nueva ley, así como avanzar hacia la erradicación de la impunidad, garantizando mecanismos eficaces y vinculantes para el castigo a las autoridades responsables de las agresiones, sea por acción u omisión. A su vez, las organizaciones señalaron que hace falta un análisis real sobre las necesidades y la idoneidad de crear un nuevo marco normativo que garantice que las entidades federativas y municipios puedan tener las capacidades institucionales para actuar conforme su deber de protección.
