El costo que deberá asumir el próximo gobierno de México (2024-2030), encabezado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para mejorar el sistema energético doméstico asciende a más de 2 billones de pesos, equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) anual, estimó este miércoles el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Además, calculó en el documento “Política Energética. Retos fiscales 2024-2030” que la actual política del presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado costos fiscales por casi 1.8 billones de pesos.
En su más reciente estudio, el CIEP señaló que los pasivos han sido consecuencia de la reducción de las obligaciones fiscales de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y las aportaciones presupuestarias a la deuda de la compañía estatal.
“Se prevé que el gobierno entrante dé continuidad a esta política energética, lo que implica costos de oportunidad para las finanzas públicas, desplazando el gasto social”, señaló Centro.
Para el próximo gobierno, que asumirá el próximo 1 de octubre, encabezado por la primera mujer presidenta mexicana, el CIEP proyectó que se mantenga el apoyo financiero a la petrolera mexicana, la más endeudada del mundo, así como a la estatal eléctrica, Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Además, consideró costos para mejorar la red nacional de transmisión y distribución en el país, así como mantener los subsidios a las tarifas eléctricas residenciales.
Por estas finalidades, el CIEP evaluó un costo de 2.2 billones durante los próximos seis años de la administración de Sheinbaum, es decir, un 1% del PIB nacional anual.
En el cálculo del CIEP, unos 1.4 billones de pesos se destinarían a aportaciones del gobierno y una reducción de las portaciones fiscales de Pemex al erario; 245 mil 680 millones de pesos para que la CFE mantenga su participación del 54% en la generación de electricidad.
Además, previó un gasto de 57 mil 665 millones de pesos para fortalecer la red nacional de transmisión y distribución; y 517 millones de pesos por subsidios a las tarifas eléctricas.
En este sentido, el CIEP advirtió que la reducción del gasto público del 3% del PIB prevista, implicará reducir el gasto social por las acciones propuestas para la próxima política energética requerirán mayores recursos públicos.
