El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el Anteproyecto de Presupuesto 2022, por un total de 13 mil 084.17 millones de pesos, que se utilizarán para el cumplimiento de actividades sustantivas como la organización de seis elecciones a gubernaturas, así como una para presidencias municipales y otra para renovar el congreso local.
Además, se presentará un presupuesto precautorio para atender la posibilidad de que se lleven a cabo una Consulta Popular y la Revocación de Mandato.
El presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez, destacó que aunque hasta ahora la Revocación de Mandato y la Consulta Popular, jurídicamente son sólo una posibilidad, “el INE tiene que calcular su costo y sumarlo en el presupuesto, y así se está haciendo”.
“Si se diera el caso de que alguno o ambos ejercicios no fueran aprobados, de conformidad con las normas vigentes, el INE devolvería en su momento el importe correspondiente a la Tesorería de la Federación”, especificó.
En conferencia de prensa, Rivera Velázquez subrayó que “el INE ha desempeñado todas sus funciones con eficacia y eficiencia, logros que le han valido una alta aprobación pública” y cada una de estas atribuciones requiere de recursos.
Detalló que para el 2022 el INE deberá participar en la organización de seis procesos electorales locales, con seis gubernaturas en juego en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, así como las elecciones municipales de Durango y el congreso local de Quintana Roo.
La Directora Ejecutiva de Administración, Ana Laura Martínez, agregó que el Anteproyecto de Presupuesto 2022 está compuesto por dos grandes rubros: el presupuesto base -recursos necesarios para que el Instituto realice las actividades permanentes y todos los servicios personales- y la Cartera Institucional de Proyectos, que se compone por actividades que no son permanentes y dependen del contexto anual y del número de procesos a realizar.
Para las elecciones de 2022 se considera una Lista Nominal de 11.6 millones de electores, se estima la instalación de 21 mil 68 casillas, la contratación de 708 supervisoras y supervisores electorales, así como de cuatro mil 218 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales.
En el caso de la Revocación de Mandato se están considerando los 300 distritos de las 32 entidades federativas, un listado nominal de 92.4 millones de personas, estimado de 161 mil 490 casillas, la contratación de 5 mil 430 supervisoras y supervisores electorales y 32 mil 421 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, así como 484 mil 470 personas para integrar las Mesas Directivas de Casilla.
Para el caso de la Consulta Popular, se prevé una Lista Nominal igual a la de Revocación de Mandato, la instalación de 96 mil 591 casillas, la contratación de dos mil 55 supervisoras y supervisores electorales; 16 mil 226 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales; la insaculación de 12.01 millones de ciudadanas y ciudadanos, así como 289 mil 773 funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.
Presupuesto de Revocación de Mandato conforme a la legislación vigente
La Consejera Claudia Zavala Pérez precisó que tanto la Consulta Popular como la Revocación de Mandato se presupuestan conforme a lo establecido en la Constitución y la legislación vigente y, pese a que no hay una ley secundaria para la revocación, el INE tiene la obligación de hacer una proyección para dar certeza respecto de los recursos.
“Lo que el INE está haciendo hoy, de manera muy responsable, es prever el escenario de organización, en el caso de Consulta Popular acorde con las reglas establecidas ya en la ley vigente y en el caso de Revocación de Mandato, con la proyección de organización que nosotros tenemos frente a la ausencia de una legislación”, dijo Zavala.
El Consejero Ciro Murayama Rendón explicó que el “INE es 7 mil 254 millones de pesos más barato en este año poselectoral respecto a 2021”, lo que representa una disminución presupuestal de casi el 36% en términos reales.
“¿De qué depende que este ahorro de 36% se pueda concretar? De que no ocurran la revocación y la consulta que significan, como ya se ha dicho aquí, un costo de 5 mil 743 millones de pesos”, agregó.
Además, subrayó que, en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el gasto del INE representa un peso de cada 500 pesos del PEF. “Quedan 499 pesos para todo lo demás y es lo que históricamente ha costado la autoridad electoral”, puntualizó.
INE obligado a cumplir la Constitución
El Consejero Uuc-kib Espadas Ancona recalcó que el INE tiene “la obligación de sacar adelante la consulta de Revocación de Mandato, si ésta se convoca, independientemente de que el poder Legislativo haya emitido o no la Ley en tiempo y forma. En ese sentido, no se puede pedir al Instituto que se mantenga sin expedir las reglas básicas para poder sacar adelante esta obligación constitucional”.
Por lo anterior, consideró indispensable que el INE tome previsiones para desarrollar estos ejercicios de participación ciudadana. “El instituto no puede quedarse cruzado de brazos esperando a que, dentro a la natural dinámica parlamentaria, el conflicto se resuelva en vísperas de enfrentar una obligación constitucional inédita”, enfatizó.
Presupuesto acorde a la realidad del país
El mensaje es muy claro en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral está presentando un anteproyecto de presupuesto sumamente responsable, acorde con las necesidades y la realidad del país, añadió el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña.
“Ya incursionamos a la democracia participativa, es una buena noticia que la organización de esos procesos esté en manos de la institución del Estado mexicano que más sabe sobre estos temas y para poderlos realizar evidentemente se requieren recursos”, indicó.
Pese a la ausencia de una Ley Reglamentaria, “el INE está obligado a garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en una Revocación de Mandato”, estableció la Consejera Dania Ravel Cuevas.
Precisó que ahora lo que procede es revisar si las directrices generales que establece la Constitución son suficientes para poder implementar este ejercicio de participación ciudadana. “Estas reglas generales son escuetas, pero claras y la propia Constitución faculta al Instituto para emitir lineamientos” y pondrá todo lo que esté de su parte para que la ciudadanía pueda ejercer este derecho constitucional.
El INE prevé que el Anteproyecto de Presupuesto sea aprobado por el Consejo General el próximo viernes 27 de agosto.
