Desde hace 20 años, Álvaro Octavio García trabaja en el Museo Baluarte de Santiago, en Veracruz. Es asistente de asesor educativo histórico-cultural y cuenta que en los últimos años, resultado de la política de austeridad del gobierno federal y los recortes a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), su trabajo se ha precarizado a tal grado que él y algunos compañeros tienen que pagar con sus recursos arreglos y materiales indispensables, como productos de limpieza, gasolina para las podadoras y hasta focos para mantener iluminada la entrada del recinto.
Durante la pandemia y al no presentar problemas de salud, Álvaro fue uno de los trabajadores que permanecieron en el museo y que tuvieron que asumir labores para custodiar el patrimonio, específicamente, la colección de piezas de oro conocidas como “Las joyas del pescador”. En 2017, el museo fue sometido a mantenimiento mayor y la empresa que custodiaba las piezas fue despedida. Aunque los trabajos concluyeron a finales de 2018, nunca se contrató a personal de seguridad.
En entrevista, explica que durante 2020 y buena parte de 2021 no recibieron apoyo del INAH, por lo que ellos tuvieron que asumir los gastos para mantener en las mejores condiciones al museo. A pesar de que cerró sus puertas, no faltaron personas que querían entrar.
“Llegaban las personas preguntando, investigando y, como veían abandonado, pues hacían actos inmorales como sus necesidades fisiológicas en la entrada, en la rampa principal y, entonces, decíamos ‘Bueno, de qué nos sirve que estemos vigilando, si al otro día tenemos que llegar a limpiar todo’; empezamos a montar guardias para proteger… montamos más iluminación, focos, arreglamos todo, pero en ese tiempo el centro INAH no nos disponía absolutamente de nada”, reprocha.
La salinidad de la zona es muy peculiar y la cercanía del museo con el mar hace que los materiales de metal o madera sufran un deterioro de forma permanente, así que, por ejemplo, la adquisición de candados y los duplicados de llaves han corrido a cargo de los trabajadores, lo mismo que la compra de gasolina para las podadoras para retirar la maleza de los jardines.
La situación de Álvaro no es única, pues en los últimos tres años el trabajo cotidiano, la atención y el mantenimiento al patrimonio del país se han visto afectados en todos los niveles: desde que no haya copias o scanner para enviar oportunamente fichas de asistencia al trabajo y que las computadoras estén obsoletas hasta falta de gasolina y vehículos para que los 192 arquitectos del INAH se puedan desplazar a las zonas arqueológicas y patrimoniales.
“Pasemos del discurso a los hechos. Es muy bonito presentarse y hablar de la importancia del patrimonio de México, pero desafortunadamente ese discurso muchas veces no se ve reflejado en acciones concretas y en un diseño específico hacia un recurso que pueda llegar a donde estamos aquellos que hacemos las tareas sustantivas del instituto”, sostuvo Luis Ojeda, secretario general del Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura.
“Si nosotros no atendemos de manera correcta los monumentos históricos y las zonas de monumentos históricos que tiene México, estaríamos facilitando las herramientas y las acciones para desplazar la memoria histórica, el patrimonio cultural y los elementos de identidad”.
Jose Enrique Vidal Dzul, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, afirmó que la situación que viven los trabajadores de la dependencia es “desoladora”, porque tras el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador confiaban en que su gobierno tendría una visión más social y cultural. “Lamentablemente, existe una decepción muy cruel”, dijo.
La falta de recursos materiales y humanos para la conservación del patrimonio nacional no es solo una percepción de los trabajadores del INAH, sino que el propio instituto ha informando a la Cámara de Diputados que ha llegado a su límite.
En el Informe de Austeridad Republicana 2021, el INAH detalló que “por la particularidad de la situación financiera del instituto (…) no existen ahorros presupuestarios”. De hecho, la Secretaría de Hacienda ha tenido que hacer transferencias adicionales para que logre llegar al final del año.
“El instituto tiene un déficit de recursos para el cumplimiento de sus objetivos, por lo que la temporalidad de los ahorros solo es por el ejercicio presupuestal de que se trate, ya que al final del ejercicio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apoya para atenuar la presión del gasto en materia de servicios personales que, para el ejercicio 2021, fue de 428 millones 050 mil pesos”, dice el informe firmado por David Honorio García, coordinador nacional de recursos financieros del INAH.
Animal Político solicitó entrevista con la Secretaría de Cultura y el INAH para abordar este tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
La única referencia a la política de austeridad por parte de la titular de Cultura, Alejandra Frausto, se dio el 28 de noviembre, cuando acudió a la Cámara de Diputados por la glosa del Cuarto informe de Gobierno.
Menos proyectos de investigación, mantenimiento, becas…
Los recortes y la política de austeridad impulsada por el gobierno de López Obrador sofocan a la Secretaría de Cultura, creada apenas en 2015.
Animal Político analizó el presupuesto público que ha ejercido la dependencia entre 2017 y 2022 y detectó que, en términos reales y sin contar el dinero correspondiente al pago de la nómina (Capítulo 1000), en los últimos cinco años el monto ejercido por la dependencia ha disminuido en 50%.
Pero no solo eso, pues desde 2020 una parte significativa de los pocos recursos de la secretaría ha sido transferida a una sola intervención: el proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, en la CDMX.
Contar cada vez con menos recursos ha impactado a todas las áreas, pero el INAH ha sido de los espacios más afectados.
De acuerdo con el Informe de Austeridad Republicana 2019 —firmado por el director del instituto, Diego Prieto—, el INAH arrastra un déficit presupuestario de al menos 601 millones de pesos, lo que ha complicado su funcionamiento.
“El instituto ha sufrido limitaciones desde hace varios años, como que en los últimos 21 años el INAH no solamente no creció, sino que su estructura disminuyó en más de 950 plazas base, entre administrativos, técnicos, manuales e investigadores, y no ha existido una regularización de plazas, mientras que el trabajo creció, ejemplo de ello es el incremento en el número de zonas arqueológicas y museos abiertos al pueblo al pasar de 132 zonas arqueológicas abiertas a la visita pública a 194 zonas arqueológicas abiertas en 2021 y de 110 museos a 162 en 2021”, detalla el Informe de Austeridad Republicana 2021.
La falta de personal es un problema recurrente. Por ejemplo, actualmente solo hay 192 arquitectos responsables de procurar la conservación de 60 zonas de monumentos históricos y 106 mil monumentos históricos y sus colindancias en todo el país.
Para poder brindar una atención eficiente y hacer frente a la carga de trabajo, explicó Luis Ojeda, secretario general del Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, se necesitan al menos 100 arquitectos más. En semanas pasadas, recién se concluyó el proceso de contratación de 12 nuevos arquitectos, quienes ocuparán las plazas —vacantes desde 2019— de compañeros que murieron o se jubilaron.
En el Informe de Austeridad Republicana 2021, el INAH reconoce que, a pesar de la falta de personal, se cancelaron 58 plazas a fin de atender las disposiciones del gobierno federal.
A la falta de personal se suma la falta de insumos básicos. “Con los recortes se afectó un rubro fundamental: la gasolina y las unidades de transporte para acudir a las comunidades, lo que ha propiciado que en más de una ocasión seamos los arquitectos quienes tengamos que poner nuestros vehículos para ir a atender estos requerimientos”, dijo Ojeda.
Con información de Dalila Sarabia | Animal Político
