En México, la equidad de género y el respeto a los derechos de las mujeres tiene mayor importancia y no es una dádiva o una concesión hacia ellas, por lo que en el Congreso de la Unión se ha fortalecido el marco normativo para erradicar la violencia y atender los diversos problemas que enfrentan, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta.
Durante la presentación de los reportes del “Foro Nacional sobre Feminicidio” y de la “Agenda Legislativa para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y el Feminicidio”, el legislador añadió que, en la práctica legislativa para proteger a las mujeres, “no hay partidos”, es decir, que los diferentes pensamientos políticos han coincidido en defender sus derechos, y en combatir y erradicar la violencia de la que son víctimas.
Sostuvo que gracias a ese esfuerzo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República se han logrado avances para castigar el feminicidio y la violencia contra las mujeres.
Por ejemplo, se reformaron las leyes para proteger a las víctimas, para penalizar la violencia física, como el uso de ácidos para agredir, para que menores de edad puedan denunciar a sus agresores, y para eliminar los matrimonios infantiles en regiones donde tales actividades se excusaban bajo el argumento de los usos y costumbres.
Independientemente de los avances, Alejandro Armenta opinó que la presencia de mujeres en la administración pública, gobierno e instituciones, es fundamental para tomar en cuenta su visión y abonar a la paridad de género, pues siempre había primado la óptica masculina en la toma de decisiones.
Los reportes del “Foro Nacional sobre Feminicidio” y de la “Agenda Legislativa para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y el Feminicidio”, son dos documentos elaborados por el Mexico Institute del Wilson Center, que se pueden consultar en la página Web de esa institución, para presentar los resultados de tal evento, celebrado en el Senado en octubre de 2022, y para ofrecer recomendaciones a los legisladores federales para la creación de normas para la protección de las mexicanas.
La presidenta de la Comisión Especial Encargada de dar Seguimiento a los casos de Feminicidio de Niñas y Adolescentes, Marybel Villegas Canché, calificó a los feminicidios como uno de los problemas más grandes que enfrenta la sociedad, pues ha marcado la vida de un gran número de mujeres.
“No podemos permitir que la violencia siga cobrando vidas y desgarrando el tejido social”, advirtió la legisladora de Morena.
El objetivo de unir el esfuerzo de legisladores, académicos y sociedad civil, agregó, es buscar soluciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, y trazar una ruta hacia una sociedad que promueva la cultura del respeto e igualdad en todos los ámbitos de la vida.
Cifras expuestas en los mencionados reportes y que compartió en su intervención la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado detallan que de enero a junio de 2023 se han contabilizado 426 presuntos delitos de feminicidio, y de principios de 2015 a mediados de este año, se reportaron seis mil 900 casos, mientras que las organizaciones no gubernamentales advierten que de siete a 10 mujeres son asesinadas a diario en el país.
En ese sentido, Lilia Abed, directora adjunta del Mexico Institute del Wilson Center, expuso que dicha institución recomienda a los legisladores homologar la definición de feminicidio en todas las entidades, para que las fiscalías locales traten así estos casos y no como homicidios dolosos, pues, por ejemplo, en septiembre de 2022, se registraron 248 asesinatos de mujeres que estuvieron tipificados bajo esa figura jurídica, pero sólo 78 como feminicidios.
Por su parte, el legislador Jorge Luis Llaven Abarca, del PVEM, secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, coincidió en que todas las iniciativas para combatir la violencia contra la mujer han estado exentas de ideologías y colores partidistas, pero insistió en analizar las causas de fondo, más allá de las estadísticas, para atender de raíz la problemática y tener generaciones libres de violencia.
El director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Javier Garfias Ramírez, lamentó que en México sólo se denuncien siete de cada 100 delitos contra la mujer, lo que se agrava por el hecho de que en la actual administración se han recortado en 30 por ciento los recursos a las fiscalías, policías e investigadores en todos los estados de la República.
En su intervención, Gema Santamaría, profesora en la George Washington University, refirió que entre las entidades que más casos de feminicidio se registran en el país están Guanajuato, Baja California, Estado de México y Michoacán.
Asimismo, sostuvo que la violencia contra la mujer no debe analizarse de forma aislada, pues deben tomarse factores como la desaparición forzada, el crimen organizado y el tráfico de armas, entre otros.
El evento también contó con la participación de investigadores del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República: Juan Pablo Aguirre Quezada, Carla Angélica Gómez Macfarland, Cristina Sánchez Ramírez y Lorena Vázquez Correa.
Detallaron que gracias a los convenios internacionales y a casos tan relevantes como el de Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, México se vio obligado a tener avances significativos en el castigo y tipificación del feminicidio.
Independientemente de ello, explicaron que en la actualidad no están armonizadas todas las normas estatales con el artículo 325 del Código Penal Federal, donde se especifican los crímenes por razón de género, además de que en estados como Campeche, Chiapas, Durango, Yucatán, Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato y Guerrero, las penas por este delito difieren, pues algunos estados aplican 60 años de castigo y otras, 65.
