El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) denunció este martes que, casi un año después del incendio que causó la muerte de 40 personas retenidas en un centro migratorio de Ciudad Juárez, no ha habido sentenciados por el siniestro; además, señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) continúa bajo la dirección de Francisco Garduño Yáñez.
“A la fecha, no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas, sólo promesas, omisiones, y un responsable vinculado a proceso en funciones, que cínicamente presume acciones de protección civil dentro de las estaciones migratorias”, expresó la organización en un comunicado.
En el documento señaló que actualmente por este caso hay 11 personas vinculadas a proceso, entre ellas, el excoordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, quien se encuentra prófugo, así como el comisionado Francisco Garduño.
“El comisionado del INM, Francisco Garduño, quien sigue al frente de la institución y en septiembre de 2023 buscó enterrar la tragedia para diluir su responsabilidad con una ‘solución alterna’, que lo absolvería de cualquier responsabilidad. Hasta hoy, no existe ninguna sentencia condenatoria“, indicó el Imumi.
En septiembre del año pasado, un juez de control rechazó la solicitud alterna que presentó Garduño Yáñez, donde propuso asumir el costo de reparación del inmueble de la estancia migratoria que se incendió el 27 de marzo de ese año, pero no tomaría en cuenta la indemnización de las víctimas.
Además, en agosto de 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el INM pasaría a control de la Guardia Nacional a partir del 1 de septiembre del año pasado y el medio Conexión Migrante indicó que se preveía la salida de Francisco Garduño del instituto en diciembre.
Por otro lado, la organización acusó que el INM, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) no han cumplido con su deber de reparación de daño y de hacer justicia.
El Imumi, además, señaló que el INM amedrentó y revictimizó a las víctimas al condicionarlas si estas aceptaban apoyo de organizaciones civiles y acusó que ha hecho negocios con los gobiernos para acordar reparaciones del daño a su consideración.
Asimismo, explicó que el INM ha hecho público los montos económicos para las familias de los fallecidos, lo que las pone en riesgo de extorsión en sus países de origen.
Respecto a la CEAV, la organización señaló que su titular, Yuriria Rodríguez Estrada, canceló en tres ocasiones su asistencia a reuniones con senadores en seguimiento al caso del incendio, además de negarse a sostener encuentros con los abogados de las víctimas.
Mientras que la FGR Y el PJF han avanzado muy poco en los procesos penales, acusó el Imumi.
