En tan solo tres años, Miguel Barbosa Huerta puso a Puebla en el lugar 31 en el índice del desarrollo democrático, en el índice de competitividad, la entidad bajó cinco puntos, la pobreza aumentó de 64 a 69% y lleva más de 20 cambios en su gabinete; El gobernador morenista hace historia como un gobierno ingobernable y hace futuro mediocre para Puebla.
En su campaña para gobernador, Miguel Barbosa Huerta ofreció una ruptura con el morenovallismo, periodo que se distinguió por el autoritarismo, persecución, privatizaciones y despidos; pero en tres años las acciones que ha emprendido su gobierno apuntan más hacia el continuismo que a los cambios.
Diversos actores políticos han acusado a Barbosa de incumplir sus promesas a los votantes, entre otras la de cancelar la privatización del servicio de agua potable en la zona metropolitana de Puebla, consumada por Moreno Valle en 2014, y reinstalar e indemnizar a los burócratas despedidos injustificadamente en los primeros años de la administración panista.
La sociedad poblana refirió que en sí el gobierno de Moreno Valle representó un retroceso, Barbosa, al validar políticas como la privatización del agua y prácticas autoritarias, profundizó esos retrocesos y defraudó las expectativas de cambio que tenían los poblanos.
En el Índice de Desarrollo Democrático, Puebla pasó de ocupar el lugar 27 en 2018 a la posición 31 en 2022, sólo por arriba de Guerrero. En el Índice de Competitividad Estatal la entidad bajó cinco posiciones, pues del lugar 20 que tenía en 2018 descendió al 25 este año.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social también reporta que la pobreza en Puebla se incrementó de 2018 a 2020, al pasar de 64.3 a 69.9%, lo mismo que la pobreza extrema, que pasó de 17.8 a 26.2%.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que la percepción de inseguridad estatal aumentó de 81.4 en 2018 a 85.6 en 2021, mientras que al medir la Prevalencia de Corrupción por cada 100 mil habitantes, en 2021 Puebla tuvo una de las incidencias más altas del país, sólo superado por Quintana Roo.
En sólo tres años Barbosa ha realizado 20 cambios de secretarios de su gabinete. El más reciente fue la titular de la Secretaría de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, quien fue nombrada por el Congreso titular de la Auditoría Superior del Estado, sin tomar en cuenta el conflicto de interés, pues auditará la gestión de la que ella formó parte.
Como ocurrió en el morenovallismo, actores diversos han denunciado al gobernador por persecución y hostigamiento a distintas figuras políticas, periodistas, activistas, entre otros sectores de la sociedad x
A las constantes confrontaciones que suele tener Barbosa con diferentes personajes estatales y federales, se suman las crisis de su administración.
Entre las más recientes están la toma policiaca de la Universidad de las Américas Puebla, en un conflicto que se prolongó ocho meses y que sigue vigente en tribunales; la aparición del cadáver del bebé Tadeo en el interior del penal de San Miguel; el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón; el linchamiento del exasesor de la Cámara de Diputados Daniel Picazo en el municipio de Huauchinango y el asesinato de seis integrantes de un grupo de autodefensas en una emboscada presuntamente perpetuada por un cártel delictivo que opera en la Mixteca poblana.
También figura entre los casos relevantes el asesinato de tres indígenas de Coyomeapan, entre ellos un menor de edad, a manos de elementos de la Policía Estatal. Este conflicto se mantiene vigente desde hace más de un año, igual que la ingobernabilidad en esa localidad.
Sobre este caso, Barbosa ha emitido información falsa, como cuando dio por cierto un reporte del secretario de Seguridad, Daniel Cruz Luna, quien aseguró que los pobladores atacaron a la policía y negó la existencia de muertos. De esto tuvo que desdecirse, como lo consignó Proceso en su edición 2378, de mayo pasado.
Otro factor que afecta la administración y que el propio mandatario admite, es su poca efectividad para comunicar “acciones positivas”. El 30 de junio Barbosa se quejó de que tres de sus exsecretarios de Seguridad Pública “lo engañaron”, luego de que hicieron negocios con celdas de lujo en el penal de San Miguel y obtuvieron ganancias de más de 3 millones de pesos semanales. Le dijeron que destruyeron esa construcción, pero no lo hicieron.
Otra mea culpa ocurrió con Guillermo Aréchiga, secretario del fransporte del estado hasta marzo de 2021, quien a principios de este año fue encarcelado bajo el cargo de vender concesiones y hacer negocios con la supuesta modernización del transporte urbano, que hasta la fecha es un fracaso.
En contraparte, desde agosto de 2021 Barbosa anunció que se crearía una comisión especial para investigar la presunta corrupción de funcionarios morenovallistas en la compra de terrenos donde se construyó la automotriz Audi y Ciudad Modelo. Sin embargo, a la fecha no se ha vuelto a hablar del tema.
El gobernador morenista hace historia como un gobierno ingobernable y hace futuro mediocre para Puebla.
