Este miércoles 26 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados un proyecto de decreto para que en la Secretaría de la Función Pública (SFP) se concentre la política general de contrataciones públicas de todas las dependencias federales, con excepción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y las empresas productivas del Estado.
Esto hará que se modifique la Ley Orgánica de la Administración PúblicaFederal, entre las que se encuentran que las Unidades de Administración y Finanzas -que se encargan de las contrataciones- pasen a ser coordinadas por la Función Pública en lugar de la Secretaría de Hacienda, facultándola también para designar y remover a sus titulares.
“Se busca la reducción de estructuras y la redistribución de funciones, así como generar ahorros y cubrir con la estructura mínima indispensable las necesidades en la vigilancia, control y evaluación de la gestión pública y la aplicación del régimen de responsabilidades administrativas”, se lee en el documento.
Y apunta: “Este rediseño contribuirá a la unificación de criterios en el control interno y evaluación de la gestión pública, en la fiscalización del ejercicio del gasto público y en la prevención, detección y en su caso sanción de faltas administrativas y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves”.
La iniciativa también plantea transferir de la Secretaría de Hacienda a la SFP la atribución de consolidar las contrataciones de bienes y servicios de la administración federal con el objetivo de “reforzar la eficiencia en el combate a la corrupción”.