La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió dos medidas cautelares por el presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, atribuibles al partido Morena y a diversos servidores públicos federales y locales con miras a los procesos electorales en Coahuila y Estado de México en 2023 y a la Presidencia de la República en 2024.
La Comisión declaró procedente la tutela preventiva y medidas cautelares solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Jorge Álvarez Máynez en contra de diversas personas servidoras públicas y miembros de Morena, al considerar que se actualizaban actos anticipados de campaña en favor del referido partido político, de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, de Moisés Ignacio Mier Velazco, Diputado Federal, así como de Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República, ambos en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, y en contra de quien o quienes resulten responsables.
Se consideró, en apariencia del buen derecho que en el evento del 26 de junio de este año denominado Unidad y Movilización para que siga la transformación-Asamblea informativa, que tuvo lugar en la explanada el Centro Cultural “Benito Macías”, en la ciudad de Francisco I. Madero, Coahuila, las personas servidoras públicas participaron de forma activa, además, se dio cuenta en sus redes sociales del acto referido, ya que no se trató de un evento partidista a puerta cerrada, limitado a su militancia ni acotado a temas internos o exclusivos de la vida interna u organizativa del partido político, sino que, analizado en su integralidad, posiblemente tuvo una naturaleza proselitista con la finalidad de posicionarse anticipadamente ante la ciudadanía de cara a los próximos procesos electorales locales y federales.
En consecuencia, la Comisión ordenó a las y los dirigentes de Morena de que se abstengan de organizar, convocar y realizar, en cualquier lugar del territorio nacional, eventos proselitistas iguales o similares a los que se llevaron a cabo el 12 y 26 de junio del año en curso en el Estado de México y Coahuila, respectivamente, hasta que den inicio formal los procesos electorales locales 2022-2023 y federal 2023-2024, en términos de lo previsto en la normativa electoral.
El colegiado también declaró procedente ordenar el retiro de las publicaciones en redes sociales de personas servidores públicas y miembros partidistas de Morena, al considerar, en apariencia del buen derecho, que podría extenderse, difundirse e incrustarse entre la ciudadanía, una posible estrategia partidista, aparentemente ilegal, en menoscabo de derechos fundamentales y de los principios democráticos a los que deben sujetarse los partidos políticos y sus dirigentes.
Por lo que ordenó a Morena y a diversas personas a que, en un plazo que no podrá exceder de 6 horas, se realicen las acciones necesarias y eliminar las publicaciones que se encuentran alojadas en sus vínculos de internet y de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su administración.
Finalmente, la Comisión determinó negar las medidas cautelares y tutela preventiva respecto de un evento en Querétaro, así como su posterior difusión en redes sociales de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que dicho evento, aparentemente, no es de naturaleza proselitista, sino que consistió en un ciclo de conferencias relacionadas con la reforma electoral.
En el segundo proyecto, la Comisión determinó improcedente adoptar medidas cautelares presentadas por el PRD, derivada de la probable realización de actos anticipados de precampaña y/o campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, atribuible a Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública; Horacio Duarte Olivares, Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México e Higinio Martínez Miranda, Senador de la República, y la culpa in vigilando, atribuible a Morena.
Se consideró que no se está en presencia de hechos futuros de realización incierta, además, no se tienen constancias de que los actos puedan repetirse, por lo que no se justifica el dictado de una medida cautelar desde el enfoque de la tutela preventiva.
Los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos de la Consejera Claudia Zavala y del Consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.
