el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un polémico acuerdo para que las funciones de seguridad pública de la Guardia Nacional pasen por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La polémica reside en que, previamente, el mandatario había anunciado una reforma constitucional para que la Guardia, todavía de carácter civil, pase a la Sedena previa aprobación del Congreso. Pero con el anuncio presidencial, la conversión de la Guardia como cuerpo castrense se haría sin importar si una reforma fuera o no aprobada en el Legislativo.
Ante esta propuesta del presidente, Animal Político buscó la opinión de distintos actores sobre cuáles serían las consecuencias del acuerdo por el que la Guardia Nacional —que actualmente ya tiene un 80% de elementos militares— pasaría de manera oficial a ser otra fuerza militar.
Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista
Para el abogado constitucionalista Javier Martín Reyes, el acuerdo anunciado “es abiertamente inconstitucional”, pues el artículo 21 de la Constitución establece que la Guardia es “de carácter civil” y que está adscrita a la Secretaría de Seguridad (SSPC), por lo que pasarla mediante un decreto a la Sedena violaría la Carta Magna.
El abogado recordó que lo establecido en ese artículo 21 es, precisamente, resultado de una reforma que propuso Morena, el partido del presidente, y que fue votada y aprobada en 2019 por los legisladores para el nacimiento de la Guardia Nacional.
“Por ello —apunta Martín Reyes—, el anuncio del presidente López Obrador lo que muestra es que no está dispuesto a respetar los diseños constitucionales que su propia mayoría parlamentaria ha aprobado”.
“Es decir, es una reforma del lopezobradorismo… que el lopezobradorismo no está dispuesto a respetar”.
Para el experto constitucionalista, el anuncio debería encontrar una respuesta inmediata del Poder Judicial, como “contrapeso” y “garante” de la Constitución. Sin embargo, “el gran problema es el tiempo que el Poder Judicial tarda en resolver estos asuntos”.
Sobre esto, Martín Reyes recuerda que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no ha resuelto atraer la discusión sobre el acuerdo del 11 de mayo de 2020 en el que el presidente ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el fin de su sexenio, en 2024. Este acuerdo fue impugnado por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, también por considerarlo inconstitucional, pero a más de dos años continúa sin discutirse en la Corte.
“El presidente ya aprendió a jugar con los muy convenientes tiempos de la Corte y sabe que un decreto así, aunque sea abiertamente inconstitucional, puede pasar con tan solo esperar a que los ministros se tomen su tiempo. Porque si se están tardando dos años con el anterior decreto militarista, quién dice que ahora no se van a tardar otros dos años con este acuerdo”, plantea Martín Reyes.
Bernardo León, asesor en seguridad pública
Bernardo León, asesor en temas de seguridad pública a policías, coincide con Martín Reyes en que la idea del presidente es inconstitucional, aunque matiza que habría “otras maneras” para que la Guardia pase a ser completamente militar, como quiere López Obrador.
“Lo que podría hacer el presidente es cambiar el nombre a la Guardia Nacional y que el 80% de sus elementos, que sabemos que son militares, regrese a la Sedena, y luego, con base en el transitorio (que establece el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024), que utilice a esos elementos hasta que termine su sexenio”, expone.
“En realidad, el presidente no tendría por qué traspasar la Guardia Nacional a la Sedena. Podría regresar a todos los militares que están en la Guardia a la Sedena a hacer labores de seguridad pública, porque eso sí sería legal. No hacerlo sería violar la Constitución”.
En cuanto a qué tan idóneo es que militares realicen labores de seguridad pública, León recuerda que en múltiples países de Europa, como España, Francia o Italia, esto es una práctica común, y los resultados en materia de seguridad en esos países son positivos.
“El hecho de que sean militares no significa que, en automático, sea algo malo o que cause problemas”, señala. “Aunque en México el problema es que el Ejército sí tiene una larga tradición de falta de rendición de cuentas”.
Otro problema, apunta, es que la Guardia está planteada “como una policía municipalota”.
Sofía de Robina, abogada en el Centro Pro
Sofía de Robina, abogada en el área internacional en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recuerda que, pese a que la Constitución señala que la Guardia es un cuerpo de seguridad civil, en la práctica ha sido un cuerpo militar más, con una mayoría de elementos castrenses en sus filas.
“(El anuncio) es una coronación de la militarización en el país. Y lo preocupante es que se formalice mediante un acuerdo que iría en contra de la Constitución”, señala la abogada del Centro Pro, una organización civil que durante más de 30 años ha documentado casos de violaciones a derechos humanos cometidas por cuerpos de seguridad en México.
“El que exista un esquema normativo que dé tanto poder al Ejército es muy preocupante, porque cuando las instituciones de seguridad tienen un enfoque militar, eso privilegia el uso de la fuerza letal y eso va en contra de un política de seguridad ciudadana que ponga en el centro de todo a los derechos humanos”.
Sobre esto, desde junio de 2019, cuando fue creada, hasta diciembre de 2021, la Guardia ha realizado más de 260 operativos policiacos en los que acumuló más de 400 quejas en su contra por presuntas violaciones a derechos humanos e, incluso, recomendaciones de organismos nacionales e internacionales por abusos, aunque solo admite haber tenido uso excesivo de la fuerza en un caso.
De Robina expone que otra de las preocupaciones del Centro Pro es que “no se están fortaleciendo los esquemas de control para denunciar posibles abusos”, lo cual facilitaría que no hubiera una rendición de cuentas adecuada ante posibles violaciones a derechos humanos.
Sobre esto, la abogada cita, por ejemplo, a la Fiscalía General de la República (FGR) —“Nadie creo que puede decir que está actuando de manera adecuada y diligente en las investigaciones a su cargo”— y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Estamos esperando que la CNDH emita una acción de inconstitucionalidad por este acuerdo anunciado por el presidente, pero vemos que no están a la altura y que no son realmente un contrapeso”, advierte.
Con información de Animal Político
