La reforma a seis ordenamientos legales en materia electoral, no sólo es inconstitucional, sino que erosiona cinco grandes pilares democráticos que ponen en riesgo la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización de elecciones libres y, por tanto, la estabilidad política y la gobernabilidad democrática -a través de los comicios- en el país, advirtió el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello.
Al impartir la conferencia inaugural del seminario “Los estados en 2022, la nueva distribución partidista”, en el marco de la Cátedra Francisco I. Madero, subrayó que los cambios legales nulifican las garantías constitucionales que hasta hoy han permitido elecciones libres y auténticas regidas por los principios de independencia, autonomía, certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad “y por primera vez en 30 años pone en riesgo que el voto ciudadano se ejerza en libertad”.
De concretarse y validarse el Plan “B” de la reforma electoral en los tribunales, empezando por la Suprema Corte de Justicia, añadió, se corta la capacidad operativa del INE, se ponen en riesgo las elecciones y vuelve a meter al gobierno en la organización de comicios.
“Va a provocar que por primera vez, en los últimos 30 años, esté en riesgo lo que ya no era un problema en nuestro país; es decir, que se instalen casillas en donde deben estar, integradas por los funcionarios que son los ciudadanos que han sido seleccionados y capacitados para tal efecto y que nos permitan el cómputo preciso de los votos emitidos”.
La organización de las elecciones, continuó Lorenzo Córdova, “adolecerá de una falta de confianza y certeza que ha caracterizado los procesos electorales -que es la gran conquista de nuestra transición- como consecuencia, entre muchas otras cosas, pero de manera principal, al desmantelamiento de la estructura del INE y, en consecuencia, sus capacidades operativas.”
El llamado Plan “B” de la reforma electoral, explicó, implica cambios a seis ordenamientos legales -la Ley General de Sistemas de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Sistemas de Impugnación, la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos- que son “una constelación de inconstitucionalidades”.
