El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer sanciones económicas por un monto global de 6.6 millones de pesos a actores políticos por irregularidades encontradas durante la revisión de los informes de ingresos y gastos, correspondientes a la obtención de apoyo ciudadano y precampañas de los Procesos Electorales Locales (PEL) Ordinarios 2022-2023 en las entidades de Coahuila de Zaragoza y Estado de México.
En sesión extraordinaria, el Consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, precisó que, en el caso del Estado de México, se registraron ingresos aproximados por 61.6 millones de pesos y gastos por una cantidad semejante y no se identificaron rebases a los topes de gastos en la etapa de precampaña y apoyo ciudadano.
En el estado de Coahuila, agregó, se registraron en esta etapa ingresos aproximados por 11.5 millones de pesos y gastos por una cantidad semejante. Tampoco se identificaron rebases a los topes de gastos.
La Consejera Carla Humphrey no acompañó la matriz de precios, por lo que pidió votación por separado en algunos proyectos, pues consideró que “no se ajusta a la realidad de los bienes y servicios cuyo valor se determina por esta vía”, lo que repercute de forma negativa en la determinación de sanciones y en la eficacia para evitar su recurrencia.
Insistió en la necesidad de hacer una revisión exhaustiva y pormenorizada de la normatividad que se aplica, para garantizar que la fiscalización de la autoridad electoral y las sanciones que impone, “respondan a la realidad social y se cumpla de forma exacta la finalidad de prevención, disuasión e inhibición”.
