Jueces, magistrados y personal a su cargo se sumaron al paro nacional del Poder Judicial Federal, se trata de mil 604 juzgadores que paralizarán sus actividades jurisdiccionales. De esta manera suman más de 50 mil trabajadores del sistema de justicia en protesta ante la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), inició su mensaje a las 11:54 de la noche del martes, aseguró que esperaron hasta el último momento en espera de una llamada del Poder Legislativo para responder a la convocatoria de diálogo, la cual nunca llegó.
“Justamente está riesgo la democracia el país, justo están estos principios tan fundamentales y lo menos que esperábamos era una reflexión de los legisladores que tienen un dictamen en las manos y que saben que es totalmente aberrante de los derechos de los trabajadores, pero también de los derechos del país entero esperábamos una respuesta desafortunadamente por eso te menciono la hora como un dato relevante no hemos recibido ningún acercamiento ninguna participación para poder echar abajo esta reforma que ellos bien saben que es lesiva de nuestros derechos”, reclamó lider de la Jufed.
La jurista aseguró que la posición del Ejecutivo y respaldada por la mayoría del Poder Legislativo, de continuar con la reforma al Poder Judicial, pone en riesgo la democracia en México.
“Este intento de concentración del poder en una sola persona no sólo es una afrenta directa a la independencia judicial, sino también un golpe mortal a la democracia que tantos, antes de nosotros, lucharon para establecer y proteger”, destacó Fuentes Velázquez.
Recordó que la historia ha registrado que cuando el poder se concentra en pocos, los más afectados son los ciudadanos.
“La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión, y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder”, afirmó la jueza del Décimo Segundo Tribunal Laboral de asuntos individuales.
Ante los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la propia ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres de que los jueces y magistrados al sumarse al paro nacional están cometiendo una ilegalidad, Fuentes Velázquez respondió: “estudien la carrera de derecho”.
Ante los cuestionamientos de los propios ciudadanos sobre qué trámites se podrán hacer ante los juzgados, afirmó que los asuntos urgentes serán atendidos sin demora y resueltos en tiempo y forma.
“Ese deber lo tenemos con la ciudadanía, vamos a atender los casos urgentes, esto porque todo ciudadano tiene derecho a que cuando un acto de autoridad implique una privación ilegal de la libertad o algo que ponga en riesgo su salud o su vida, pues, tendrá un tribunal que lo escuche y lo defienda”, aseguró.
Ante unos mil trabajadores del Poder Judicial que se dieron cita en las escalinatas de acceso a las instalaciones del PJF en San Lázaro, Juana Fuentes aseguró que México se encuentra ante crisis constitucional.
“Somos los garantes justamente del respeto y protección de los derechos humanos, por lo tanto, no únicamente estamos a través de esas acciones luchando por los derechos de nosotros, sino también por los derechos de toda sociedad estamos en presencia de una crisis constitucional señores”, reclamó la jueza.
De esta manera serán más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial que exigen que sea detenida la reforma impulsada por el presidente López Obrador o en su defecto, que sean consideradas sus propuestas como no eliminar la carrera judicial.
“No puede haber la concentración de un poder en una sola persona y hoy se pretende socavar ese derecho del Poder Judicial, capturarlo y que sea un solo partido o un solo poder y eso no puede ser en ningún país del mundo”, remató.
El acto concluyó con los trabajadores del Poder Judicial entonando el Himno Nacional, pero aseguraron que descartan otras acciones como medidas de presión como movilizaciones, marchas y actos masivos en puntos estratégicos del país.
