Los asesinatos de 10 personas de personas en el estado de Sinaloa parecen estar vinculados con una lucha al interior del cártel del narcotráfico que domina la entidad, lo que confirma los temores de represalias tras la detención de dos líderes de la organización el pasado 25 de julio.
Joaquín Guzmán López, capo de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” conformada por los hijos del encarcelado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se entregó el mes pasado a las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, presuntamente secuestró al líder de la facción rival, Ismael “El Mayo” Zambada, llevándolo en contra de su voluntad en el mismo vuelo con destino a El Paso para entregarlo.
Las autoridades mexicanas han quedado atrapadas en medio de la tormenta: no participaron en la captura del 25 de julio, pero no están dispuestos a aprovechar la oportunidad de tomar medidas contra el Cártel de Sinaloa. El grupo delictivo se está fragmentando, y lo que está en juego es quién tomará las riendas de la facción de Zambada ahora que se encuentra detenido en Estados Unidos.
Los analistas afirman que el gobierno no quiere involucrarse porque ambos bandos en conflicto cuentan con información perjudicial sobre funcionarios del gobierno que podrían dar a conocer en cualquier momento. Por lo mismo, se han limitado a hacer llamamientos cada vez más desesperados a ambas partes a mantener la paz.
El lunes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reconoció que cuatro asesinatos registrados el viernes y seis el sábado estaban relacionados con la disputa entre las facciones del cártel.
Están relacionados con “las organizaciones del crimen organizado… al entorno que se está dando después de lo ocurrido el 25 de julio cuando ocurrió la captura”, dijo Rocha. “Yo quiero la paz… y hay que pedírsela a quien sea, a los propios violentos”
Fue una declaración similar a la realizada horas antes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que otros dos asesinatos estaban relacionados con la disputa.
“Nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa”, señaló López Obrador. “Se había mantenido muy estable en cuanto a violencia. Esto no significa que no hubiese homicidios, pero no había confrontación, no ha habido confrontación de grupos”.
Ese tipo de paz —en la que los cárteles del narcotráfico se dedican a sus negocios de contrabando, distribución y extorsión, pero sin causar demasiada violencia— es algo que el presidente ha elogiado en el pasado. Acabar con los cárteles, señala, es una política impuesta a México en el pasado por Estados Unidos, y es algo con lo que no está de acuerdo.
Pero el analista de seguridad mexicano David Saucedo dijo que las autoridades parecen reacias a intervenir por otro motivo: Zambada, el narcotraficante detenido en Estados Unidos, parece estar dispuesto a utilizar la información perjudicial que tiene sobre políticos mexicanos corruptos para presionarlos.
Zambada ya ha dejado en claro que está dispuesto a hacerlo. En una carta enviada desde la prisión, “El Mayo” ofreció una versión del asesinato del diputado electo Héctor Cuén —que fue asesinado el mismo día en el que Zambada fue secuestrado— y lo atribuyó a “Los Chapitos”.
Rocha y los fiscales estatales afirmaron que Cuén había muerto durante un asalto en una gasolinera y publicaron grabaciones de las cámaras de seguridad que, según ellos, respaldaban esa versión. Pero los fiscales federales indicaron más tarde que la versión del gobernador no cuadraba y que probablemente era falsa.
Zambada aparentemente tiene más información que puede dar a conocer si la situación se vuelve más tensa en Sinaloa, y si se impide que sus hijos se hagan cargo de su parte del negocio: los nombres de políticos, policías y militares a los que ha sobornado.
“Me parece que esta estrategia mediática de ‘El Mayo’ Zambada tiene como objeto, en mi opinión, asegurar un relevo ordenado en la organización que comanda”, dijo Saucedo. “Con todas estas granadas de mano, estas bombas que puede ir depositando en la opinión pública ‘El Mayo’ Zambada asegura que el gobierno federal no trate de influir en la sucesión al interior de su organización”.
Si ese es el objetivo —mantener la situación en orden en Sinaloa para que el liderazgo pueda pasar de una generación a otra y los políticos no sean expuestos públicamente por haber cooperado con los cárteles— entonces estos recientes asesinatos no auguran nada bueno para esa estrategia.
Por lo menos dos de los hombres asesinados la semana pasada —torturados, baleados y encontrados con las cabezas envueltas en cinta adhesiva— eran allegados de Zambada.
Pero como suele ser el caso, es complicado determinar qué asesinato o acto de violencia fue cometido por cuál facción del cártel y por qué.
Por ejemplo, alguien empezó a destruir la tumba familiar de un destacado clan del Cártel de Sinaloa un par de días después de la detención de los dos capos el 25 de julio. Utilizaron excavadoras y retroexcavadoras para romper las paredes del mausoleo y desenterrar las criptas.
El clan, cuyos cuerpos de un abuelo y un tío yacían en la tumba —y fueron robados— había tenido violentos roces tanto con la facción de “Los Chapitos” como con la de los Zambada en el pasado
