Autoridades con gran apoyo electoral están exentas de cometer delitos: Mónica Benítez

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Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, criticó la propuesta de elección popular de los jueces y aseguró que una eventual reforma judicial podría vulnerar el acceso a la justicia de los mexicanos al convertir en promesas de campaña los derechos humanos en lugar de privilegiar los conocimientos técnicos.

“Las autoridades, aun las que cuentan con gran apoyo de las mayorías electorales, al ejercer sus atribuciones no están exentas de cometer excesos u omitir el cumplimiento de sus obligaciones y en consecuencia vulnerar los derechos de las personas” dijo la consejera, quien participó en la inauguración de la sesión del “Encuentro Nacional para una agenda de seguridad y justicia” que se llevó a cabo en Aguascalientes.

“Retomando mi alusión al dilema de (Norberto) Bobbio: el derecho fundamental que la mayoría estaría vulnerando es el acceso al derecho a la justicia pronta y expedita y, especialmente, imparcial e independiente”, dijo la consejera citando al jurista y filósofo italiano, quien cuestionó si es legítima una decisión que atenta contra la democracia aunque sea tomada por las mayorías.

Desde el triunfo de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, su partido Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador han llevado a la discusión pública una posible reforma judicial que implica llevar a los jueces, magistrados y ministros a ser elegidos mediante elección popular. Esto fue criticado por la consejera durante su intervención en el encuentro con litigantes, servidores públicos, académicos y sociedad civil.

“El llamado de justicia que demanda nuestro país, exige de sus mejores elementos, de los más preparados, no merece improvisación“, dijo la consejera sobre su preocupación por llevar a los jueces a dinámicas electorales con promesas de campaña, en lugar de preferir los conocimientos técnicos.

La también magistrada dijo que el Poder Judicial federal está abierto al diálogo para una reforma judicial, pero los cambios también deben suceder en los poderes judiciales locales, fiscalías y policías.