El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un “avance extraordinario” en favor de la igualdad, certeza jurídica y bienestar social de los grupos más vulnerables de nuestro país, destacó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal.
Recordó que este ordenamiento, que aprobó el Senado de la República por unanimidad, tiene el objetivo de establecer la regulación civil y familiar con base en los derechos humanos previstos en la Constitución Política y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
Monreal subrayó que en el proyecto se incorporaran medidas de protección contra la violencia de género, atiende de manera especial el interés superior de la infancia, así como los principios de igualdad, equidad y accesibilidad a grupos sociales vulnerables.
Se trata, enfatizó el líder de los senadores de Morena, de una decisión progresista, sin precedentes, en materia de justicia familiar, justicia restaurativa, de mediación y conciliación.
Ricardo Monreal agregó que el nuevo Código establece la oralidad en el sistema de recursos y en la ejecución de sentencias; y que privilegia los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Subrayó que esta incorporación innovadora y obligatoria, coadyuvará a beneficiar y juzgar con perspectiva de género. Se trata de un “avance extraordinario a favor de la igualdad y la certeza jurídica; además de que será una herramienta más para lograr el bienestar social”.
El senador también destacó que se incluyó el capítulo que regula la adopción de menores, así como el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la tramitación procesal para la optimización de recursos.
Sin embargo, consideró que el Senado todavía tiene pendiente elevar a rango constitucional la justicia digital, pero “esta vinculación jurisdiccional de resolver controversias, por la vía procesal descrita en los mecanismos alternativos de solución de controversias, aliviará mucho el rezago y la acumulación de asuntos en los juzgados civiles y familiares”.
El coordinador de la mayoría parlamentaria reconoció que el nuevo código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares atiende el viejo reclamo de justicia social.
Además, reconoció que las comisiones dictaminadoras decidieron disminuir la vacatio legis de ocho a cuatro años, para su aplicación.
Y felicitó a la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero; a Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, así como a las y los integrantes de estos órganos legislativos, porque hicieron un gran esfuerzo de consenso y “se requirió de mucha paciencia para que fuera aceptado”.
