Un médico especialista fue detenido y llevado preso, luego de ser acusado del delito de “abuso de autoridad”, por la hija de un ex diputado local y ex líder de un partido político local, que falleciera de Covid-19 en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH)
El pasado 7 de julio falleció el político chiapaneco Miguel Arturo Ramírez López, quien se contagió e Covid-19 y no pudo sobrevivir a los efectos ocasionados en su cuerpo por ese virus.
Ramírez López era un político influyente en Chiapas, pues había sido presidente municipal de Solosuchiapa y después ganó elecciones como diputado local y federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) En 2016, asumió el cargo como coordinador de la zona norte de la Entidad, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
También fue presidente de la comisión de Hacienda, cuando a través del Partido Acción Nacional (PAN) logró el cargo de diputado local en el Congreso de Chiapas. Su deceso causó conmoción en la clases política chiapaneca que llenaron de esquelas las redes sociales y medios impresos.
La que tampoco quedó convencida de la muerte de su padre, adjudicando negligencia de los médicos, fue la hija del dos veces ex diputado local, Karen Alejandra Ramírez Molina, quien procedió legalmente contra el médico que atendió a su padre, Gerardo Vicente Grajales Yuca.
Grajales Yuca es uno de los pocos urgenciólogos que se han destacado en la lucha contra la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19. “En el Bunker Vip” del Hospital Vida Mejor del ISSTECH había atendido a políticos, funcionarios y sus familiares que le pidieron atender, entre estos destacan la madre del gobernador, Rosa Cadenas, al secretario de Protección Civil, además de algunos padres de diputados locales.
Como jefe del área de Covid, Grajales Yuca atendió también al secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, posteriormente, aunque no era derechohabiente, llegó recomendado y grave el ex diputado local y ex líder del partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, quien no sobrevivió al virus y los estragos que ocasionó en su organismo.
Al pasar 10 días de la muerte del político chiapaneco, hija del exdiputado, Karen Alejandra Ramírez Molina interpuso en una demanda penal en contra del médico el pasado 18 de julio ante la Fiscalía General del Estado, esto por el delito de abuso de autoridad.
Hoy la FGE confirmó en una misiva oficial que efectivamente, después de haber llevado a cabo diligencias de investigación, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Gerardo Vicente “N” por la posible comisión del delito de abuso de autoridad en Tuxtla Gutiérrez.
Según la FGE, de acuerdo con la carpeta de investigación, Gerardo Vicente “N” “en su calidad de servidor público del área COVID del Hospital de Especialidades Vida Mejor, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), solicitó a la persona denunciante equipo e insumos para tratar a su padre, siendo que de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado el nosocomio cuenta con los medicamentos y el equipo necesario para atender a los pacientes”.
Y que por estas acciones se le ejecutó orden de aprehensión librada por el juez de control competente, ante quien fue puesto a disposición, acogiéndose al término constitucional y decretando la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La esposa del médico, Fernanda Ochoa, denunció que detrás de esta captura del médico y padre de sus hijos, hay “intereses políticos”, pues las pruebas contra su esposo son recetas médicas que no llevan su firma, y que todo son dichos verbales de la citada hija del exdiputado local, Karen Alejandra Ramírez Molina, quien también ha sido funcionaria del partido que dirigía su padre.
Además de que el delito no es grave, por lo que no ameritaba prisión preventiva, pues no es ningún narcotraficante ni secuestrador el médico, que pueda escapar de la acción de la justicia, que en el marco del nuevo sistema de justicia penal, le debieron notificar primero para desahogar las diligencias, sin embargo, fue detenido bajo engaños y llevado preso al penal de el Canelo, el pasado sábado 25 de julio al medio día.
La afligida esposa dijo que lo que ve es tráfico de influencias, pues la justicia nunca es diligente cuando un particular denuncia penalmente a otras persona, pero como se trata de la hija de un político influyente fallecido, actuaron con rapidez en contra del joven médico.
Dijo que el único delito del médico es estar exigiendo a sus superiores, más medicamentos, insumos, equipo de protección, además de ventiladores para los pacientes de Covid-19.
Entre el personal médico, sus amigos y compañeros y familiares, empezó a circular un volante donde se exige la libertad del Grajales Yuca y se denuncia la detención arbitraria del Doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca “donde la carpeta de investigación se integró de forma exprés y aún existiendo irregularidades en la integración de la investigación se dictó por el juez una orden de aprehensión que hasta el momento lo tienen privado de su libertad”.
Denuncian “tráfico de influencias ya que la denunciante se dice ser servidora pública y el fondo del asunto es por la escasez de medicamentos que existen en el isstech Hospital Vida Mejor de Tuxtla Gutiérrez.
Piden en ese volante la intervención de los diferentes organismos de derechos humanos “para que se haga justicia para el Dr. Gerardo Vicente Grajales Yuca, para que obtenga su libertad ya que está haciendo acusado y detenido injustamente con hechos falsos para reprocharle el delito de abuso de autoridad”.
Con información de Isaín Mandujano
