Después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo por el cual los megaproyectos del Gobierno Federal serán considerados de “interés público” y “seguridad nacional”, el Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que “la ciudadanía tiene derecho a una obra pública fundamentada y que cumpla con los dictámenes y requisitos que marca la ley, así como elaborada bajo un proceso transparente. Este acuerdo pasa por encima de estos principios para que las órdenes de la Presidencia de la República se cumplan a cabalidad”.
Este acuerdo obliga a todas las dependencias a dar autorizaciones provisionales por 12 meses a los proyectos del Gobierno Federal aunque no cuenten con los dictámenes, permisos ni licencias correspondientes. Asimismo, al ser considerados “de seguridad nacional”, se obstaculizarán los procesos de transparencia y rendición de cuentas, por lo que organizaciones de la sociedad civil y periodistas han alertado sobre el alto riesgo de corrupción de dichos proyectos.
Por este motivo, Zambrano Geijalva aseguró que esta decisión busca proteger a las Fuerzas Armadas, las cuales son las principales constructoras de dichas obras, sobre todo después de que fueran denunciados hechos de corrupción en contratos con empresas fantasmas para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.
“Hemos llegado a un punto en el que la cerrazón al diálogo del Gobierno Federal con la sociedad y fuerzas políticas opositoras ha llegado a niveles desconcertantes. Ahora que esta administración ya no tiene más excusas para justificar megaproyectos que dañan el medio ambiente y a las poblaciones en los que se ubican, ha empleado este tipo de artimañas legales para asegurar que se cumplan sus caprichos. ¿Qué clase de gobierno usa el poder a su alcance para pasar por encima de las necesidades de la sociedad? Solo uno autoritario y dictatorial”, aseguró el dirigente nacional del PRD.
En este sentido, el PRD rechaza de manera tajante el decreto publicado e interpondrá los recursos necesarios para derogarlo, ya que atenta contra el marco de legalidad vigente. Asimismo, pugna para que sectores que han sido desfavorecidos durante esta administración, como la salud y la educación, sean considerados intereses públicos de la Nación y reciban los recursos necesarios.
