Veinte organizaciones presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que atraiga el caso del bebé Tadeo e investigue actos de tortura y violaciones a derechos humanos de internos en el penal de San Miguel, mientras que legisladores panistas también demandaron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).
María José Martínez Parente, cofundadora de La Bola A.C, una organización civil enfocada en la reinserción social, declaró a este medio que después del intento de motín del pasado 26 de enero en San Miguel, y del hallazgo de cinco cuerpos torturados y mutilados en una barranca aledaña al centro penitenciario, las organizaciones recibieron denuncias de familiares que temen por la integridad de los internos.
Exigen justicia por Tadeo
La activista señaló en entrevista que fue desafortunada la decisión de la CNDH del pasado 18 enero, mediante la cual no ejerció su facultad de atracción del caso.
Primero, porque el introducir un bebé muerto al penal puso en evidencia la crisis que existe en el sistema penitenciario del país y, segundo, porque es su obligación proteger los derechos humanos, máxime cuando el caso involucra a autoridades de Puebla y de la Ciudad de México, porque ahí fue exhumado.
“Exhortamos a la sociedad mexicana a no olvidar el caso del bebé Tadeo, pues la exigencia para salvaguardar los derechos humanos no debe ser minimizada a un acto de protagonismo, como lo señaló la presidenta de la CNDH. Además, la supuesta justicia hecha por el gobernador de Puebla (Luis Miguel Barbosa Huerta) no termina en destituir de su cargo a quienes han hecho absolutamente nada por mejorar el sistema de justicia penal. Este delito conlleva la violación a derechos humanos, principalmente de Tadeo, los de su madre y padre”, se puede leer en el comunicado que publicaron las organizaciones firmantes este 31 de enero.
La queja fue presentada el viernes 28 de enero, está dirigida a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y fue recibida por oficialía de partes bajo el folio número 8431/2022.
Esto ocurre luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) pidió a la CNDH abstenerse de la investigación, con el argumento de que se trata de un tema local.
“El numeral 14 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prevé ejercer la facultad de atracción cuando se trate de una presunta violación a derechos humanos que por su naturaleza trascienda el interés de la entidad federativa e incida en la opinión pública nacional, siempre y cuando la naturaleza del asunto resulte de especial gravedad”, precisaron las organizaciones.
En respuesta, el 19 de enero de 2020 la CNDH se dijo respetuosa del actuar de los organismos locales y abandonó la investigación. Únicamente hizo un llamado para que la investigación “integral y exhaustiva” permita el esclarecimiento de los hechos.
A esto se suma que el pasado 25 de enero María Rosario Piedra Ibarra declaró durante su comparecencia que el organismo no había recibido queja alguna por el caso del bebé de San Miguel, y por ello dejó que la Fiscalía General del Estado (FGE) se hiciera cargo de la investigación.
La queja ya fue presentada y firmada por organizaciones como: Reinserta, Organización Comunitaria por la Paz, La Bola, Colectivo Derechos sin Barreras, Fundación Mexicana de Reintegración Social, La Cana Proyecto de Reinserción Social, Mujeres Unidas X la Libertad, Red Viral, Agenda Migrante y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad entre otros.
Advierten tortura por indagatorias
Martínez Parente declaró a este medio que después del intento de motín ocurrido el pasado 26 de enero en San Miguel y el hallazgo de cinco cuerpos torturados y mutilados en una barranca aledaña al centro penitenciario, las organizaciones recibieron denuncias de familiares que temen por la integridad de los internos.
De acuerdo con lo declarado por las familias de tres reclusos, los internos están siendo golpeados para obtener información de lo sucedido con el bebé Tadeo.
Además, acusaron que las autoridades ocultan información porque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) negó el intento de motín a pesar de que sí lo hubo.
“La semana pasada empezamos a recibir notificaciones de familiares de personas privadas de la libertad. Estaban desesperados y coincide con las fechas en que hubo un intento de motín y encontraron los cuerpos”, advirtió.
Las familiares constataron que sus internos estaban golpeados, pero advirtieron que no fueron los únicos torturados.
No obstante, reconocieron que este tema no ha sido denunciado formalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla por miedo a nuevas represalias contra sus familiares en reclusión.
Panistas van a FGR y CNDH
A 20 días del hallazgo de un bebé muerto en un basurero del penal de San Miguel en la ciudad de Puebla, legisladores locales y federales del PAN fueron a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir que atraigan el caso y lo investiguen hasta sus últimas consecuencias.
Las diputadas locales Mónica Rodríguez Della Vecchia, Guadalupe Leal Rodríguez, Nancy Jiménez Morales, Genoveva Huerta Villegas y Carolina Beauregard Martínez, así como, Humberto Aguilar Coronado, Héctor Saúl Téllez y Ana Villagrán, se reunieron afuera de las oficinas en la Ciudad de México para solicitar en conjunto a la CNDH y FGR que finquen responsabilidades contra quienes resulten responsables enPuebla y la Ciudad de México.
A través de redes sociales las y los legisladores criticaron que estos hechos ocurrieron en dos entidades gobernadas por militantes de Morena.
El pasado 10 de enero fue encontrado el bebé muerto en un contenedor de basura del centro penitenciario en Puebla. Días después se confirmó que el cuerpo fue extraído de un panteón de la Ciudad de México, pero aún se desconoce cómo lo ingresaron al penal y para qué.
Como parte de las primeras averiguaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, se emitieron 21 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos que presuntamente estuvieron involucrados en el caso, pero cuatro detenidos fueron liberados este 31 de enero sin aún esclarecer los hechos.
Exigen reunión con nuevo titular de SSP
Tras el escándalo el gobernador Luis Miguel Barbosa Huertadestituyó a Rogelio López Maya de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en su lugar designó a Daniel Iván Cruz Luna.
Por ello, en la sesión ordinaria del Congreso local de este lunes, el diputado del PAN Rafael Micalco Méndez, integrante de la Comisión de Seguridad, exigió a Cruz Luna entregar un informe de lo ocurrido.
Su posicionamiento fue respaldado por el presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina (de Morena), quien además solicitó una reunión con el titular de la SSP para analizar desde el legislativo las estrategias de seguridad en Puebla pues, los violentos hechos recientes generan un clima de desconfianza entre la ciudadanía.
Con información de E-Consulta | Mariana Salinas y Magarely Hernández
