Durante el primer semestre de 2021, se registraron 362 agresiones contra la prensa, lo que equivale a 1 cada 12 horas. Esto, de acuerdo con el informe del primer semestre de 2021 de Artículo 19 sobre la libertad de expresión en el país.
La violencia contra la prensa es generalizada en el país, y en prácticamente todos los estados se documentaron ataques contra periodistas y medios. Específicamente las entidades federativas donde Artículo 19 registró más agresiones contra quienes ejercen el derecho a informar fueron la Ciudad de México, con 64 agresiones; Tamaulipas y Quintana Roo, con 23 cada una; Puebla, con 22; Guerrero, con 21 y Baja California, con 19.
Además, las principales agresiones documentadas en este periodo fueron intimidaciones y hostigamientos, en segundo lugar las amenazas, y después le siguieron los ataques físicos y el uso ilegítimo del poder público.
En el primer semestre del año, 3 periodistas fueron asesinados en posible vínculo con su labor. Benjamín Morales Hernández, asesinado el 3 de mayo (Día Mundial de la Libertad de Prensa) en Sonora; Gustavo Sánchez Cabrera, a quien le arrebataron la vida el 17 de junio en Oaxaca y el comunicador Saúl Tijerina Rentería asesinado el 22 de junio en Coahuila. A la fecha también se suman los asesinatos de Ricardo López Dominguez, ocurrido el 22 de julio, en Guaymas Sonora y el de Jacinto Romero Flores, perpetrado el 19 de agosto en Ixtaczoquitlán, Veracruz. Con ello, son 22 periodistas los que han sido asesinados durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los agentes del Estado son quienes más agreden a la prensa. En este periodo, cometieron 134 agresiones, esto es el 37.33% del total. En particular, las personas funcionarias públicas civiles fueron señaladas como perpetradoras de 83, seguidas de elementos de las fuerzas de seguridad civiles con 46, y de elementos de fuerzas armadas (como el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional) con 5.
Destaca en el primer semestre la coyuntura electoral como la principal cobertura de riesgo, pues integrantes de partidos políticos atacaron a la prensa en 56 ocasiones. Por su labor, para los agresores la prensa se vuelve en un objetivo a silenciar y censurar en elecciones, por el costo político que pudiera implicar para quienes compiten por un cargo público.
La violencia contra la prensa perpetrada por gobernantes y aspirantes al gobierno, contraviene estándares de libertad de expresión, por un lado y por el otro incumple con las obligaciones del Estado de garantizar la prevención y la protección de la prensa.
También resalta el crecimiento sostenido de las agresiones en internet, pues en este espacio ocurren 1 de cada 3. Desde campañas de desprestigio y comunicaciones intimidatorias, hasta ataques cibernéticos (como los de denegación de servicio o DDoS, por ejemplo) e intentos de acceso a sus cuentas. Periodistas y medios viven un constante embate de amedrentamiento ante el cual las autoridades siguen sin tener preparación o respuesta.
De la misma forma, las agresiones contra las mujeres periodistas siguen incrementándose. Artículo 19 documentó 120 agresiones contra mujeres periodistas en el primer semestre. De éstas, al menos 35 tuvieron un componente de género o connotación sexual (28.69% de las agresiones contra mujeres). En su mayoría fueron intimidaciones y hostigamientos (49 casos), principalmente a través de campañas de desprestigio y comunicaciones intimidatorias. Esto es también visible en línea, pues se documentaron 46 agresiones digitales contra periodistas mujeres cisgénero y 4 contra mujeres transgénero.
Este escenario indica que en este tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la violencia contra la prensa sigue sin mostrar alguna señal de revertirse, y el Estado mexicano sigue sin cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, libertad de expresión y acceso a la información. Artículo 19 recuerda las obligaciones principales, enmarcadas por la CIDH, que engloban la labor del estado para con la libertad de expresión; respetar el derecho, proteger, y dar cumplimiento a dicho derecho.
En vista de la continuidad de la violencia contra periodistas y medios en el primer semestre del 2021, así como las continuas fallas y omisiones del Estado mexicano Artículo 19 reitera al estado a cumplir con dichas obligaciones, y en el informe urge la toma de acciones coordinadas entre las distintas entidades y niveles de gobierno con el fin de proteger a la prensa en México.
