Los desafíos de la futura presidenta de México, la primera mujer en el poder, son muchos y profundos, entre los que están la violencia de los cárteles, la polarización del país, el costo de mantener los programas sociales y la larga sombra del mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador.
Pero para algunos analistas la mayoría gira en torno a tres conceptos: dinero, diálogo y lo que pueda pasar en las próximas elecciones de Estados Unidos.
Claudia Sheinbaum, que empezará su mandato de seis años el próximo 1 de octubre, tiene por delante cuatro meses para definir su programa de gobierno. En ese tiempo, López Obrador ofrecerá unas 80 conferencias matutinas en las que se espera que intente concretar su legado.
Esta convivencia no se apunta sencilla: él polarizó la sociedad, ella habla de “diálogo” y “armonía”; él es un líder de masas, ella una académica y científica.
Tampoco lo será mantener el equilibrio entre la continuidad con el legado de López Obrador y la posibilidad de ajustar algunas de sus políticas más polémicas, como la de seguridad o la energética.
López Obrador afirmó el lunes que no influirá en el gobierno de su sucesora y que no aspira “a ser líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, ni mucho menos cacique”.
Dijo que habrá diálogo entre ellos para facilitar la transición e incluso dejó abierta la posibilidad de hacer algún viaje juntos, pero garantizó que cuando entregue la presidencia se jubilará de la política y de la vida pública para dedicarse a “platicar con los árboles, convivir con los pájaros”.
Sin embargo, fue él quien anunció el lunes por la mañana al primer miembro del gabinete de Sheinbaum al decir que el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se mantendrá en el cargo para dar tranquilidad a los mercados. Horas después, Sheinbaum lo confirmó.
Un primer problema económico es si tendrá dinero para continuar con los programas sociales actuales —que suponen en torno al 11.5% del PIB— puesto que México ya tiene un gran déficit público de casi 6% que Hacienda quiere reducir.
“Va a haber recortes y eso lo tiene que votar esta nueva legislatura”, dijo Isidro Morales, académico experto en Economía y Relaciones Internacionales.
“Se necesita una reforma fiscal, si no la hay, Claudia va a estar atada de manos”, agregó, porque México ya no cuenta con muchos ingresos petroleros que antes eran una importante fuente de divisas.
Petróleos Mexicanos (Pemex), símbolo del nacionalismo más acérrimo de López Obrador pero también de años de corrupción y que mantiene un modelo energético contaminante que el mundo quiere revertir, no deja de perder dinero.
Los analistas consideran que es una de las grandes líneas rojas que Sheinbaum, una científica climática que aboga por las energías limpias, no podrá tocar porque los trabajadores del sector fueron un importante apoyo electoral, como demostraron las muchas pancartas de su cierre de campaña en las que se leía “petroleros”.
Además, el periodo de traspaso de poder se dará en plena campaña electoral de Estados Unidos, el principal socio comercial de México y cuyas políticas de seguridad y migración están totalmente interrelacionadas al compartir más de 3 mil kilómetros de frontera.
El problema, consideran los expertos, es que tanto en el tema migratorio como en la lucha contra los cárteles, la futura presidenta no ha propuesto nada nuevo y las políticas de la actual administración sólo han controlado tímidamente el flujo de migrantes hacia el norte y no han contenido la violencia.
De momento, Sheinbaum ha dicho que mantendrá los proyectos estratégicos del país, muchos en manos del Ejército, como el polémico Tren Maya, que ha arrasado con parte del entorno natural del sureste del país.
Combatir la polarización implicaría acercamientos con ecologistas, científicos, feministas, académicos, periodistas o defensores de derechos humanos contra los que arremetió con dureza un López Obrador, que rechaza toda crítica. Y, lógicamente, también diálogo con los partidos de oposición.
Ahora, Morena o sus aliados gobernarán en 24 de los 32 estados —el domingo ganaron uno más, según datos aún preliminares— y aunque el reparto final de legisladores no se ha oficializado todavía, el partido oficialista y sus socios (el Verde y el Partido del Trabajo) contarán con mayoría calificada en el Congreso y podrían conseguirla con facilidad en el Senado, lo que les permitiría cambiar la Constitución a su gusto.
Algunas reformas, que Sheinbaum ha defendido, ya están en el Congreso porque López Obrador las presentó en febrero, aun sabiendo que entonces no contaba con los diputados suficientes para aprobarlas. Cuando se conforme la nueva legislatura el 1 de septiembre serán previsiblemente los primeros temas a debatir.
Entre estas propuestas hay algunas tan polémicas como eliminar organismos reguladores, que los jueces sean elegidos por voto popular o un nuevo intento para que la Guardia Nacional quede en manos del Ejército, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya dijo que eso era inconstitucional.
