El Fiscal del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llave Abarca, había anunciado el rescate de 23 menores presuntamente raptados en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, pero el presunto culpable, fue inocente.
Los menores ya fueron reclamados por sus familiares: doce eran hijos de la familia Montejo González; cinco fueron reclamados por Gilberto Gómez Sánchez; y siete fueron identificados como hijos de Juana Montejo Gonzalez, una de las indígenas encarceladas en el penal #5, por trata de personas.
El pasado 17 de julio, la Fiscalía General de Justicia en Chiapas anuncio a nivel nacional el desmantelamiento de una banda de presuntos tratantes de blanca.
Resultó ser una pifia.
El 17 de julio a las 7:30 de la mañana la policía ministerial allanó una casa en el barrio Tlaxcala. Era una casa humilde que rentan en el municipio de San Cristóbal de Las Casas cinco familias. Allí estaban los 23 niños presuntamente rescatados por la policía. En realidad, los 23 niños eran hijos y sobrinos de las cinco familias que rentan la casa.
Las cinco familias son tsotsiles de la comunidad Chigtón y Llano Alto, del municipio de Ixtapa, pero rentan casa en colectivo porque son vendedores ambulantes de artesanías en San Cristóbal de Las Casas.
Pero la Fiscalía inculpó al indígena Adolfo Gómez Gómez por la desaparición del menor Dylan Esaú, un caso que llegó hasta la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Adolfo Gómez Gómez es un indígena tsotsil de 63 años que vendía aretes y collares de ámbar y turquesa en el centro histórico de San Cristóbal de Las Casas.
Fue encarcelado en el penal #5 de San Cristóbal de Las Casas. Al ser ingresado al penal, horas después, apareció muerto. El penal numero 5, se ubica en las afueras de dicho municipio.
La hija del Adolfo Gómez Gómez, el indígena muerto en el penal, Nereida Gómez Sánchez acudió a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa para reclamar el cadáver de su padre.
Ahí narró que su familia, incluidos su papá fallecido, su madre, Josefa Sánchez Gómez, su hermana Maria Hortencia Gómez Sánchez, y sus cuñadas Maribel Gómez Santiz, y Juana Montejo Gonzalez, siguen en prisión, acusados de trata de menores.
Pero su madre, Josefa Sánchez Gómez, su hermana Maria Hortencia Gómez Sánchez, y sus cuñadas Maribel Gómez Santiz, y Juana Montejo Gonzalez, en realidad son las madres de los 23 menores presuntamente “rescatados” el 17 de julio.
Según Nereida Gómez Sánchez, su padre, Adolfo Gómez Gómez fue detenido en el parque central, mientras vendía artesanías; fue subido a una camioneta, y ya luego apresaron a su madre, Josefa, también presa en el penal #5 de San Cristóbal de las Casas.
A Nereida Gómez Sánchez las autoridades penitenciarias le informaron que su padre se suicidó. Ella no acepta ese diagnóstico. “Falleció por los golpes que le dieron”, declaró a la prensa.
Ahí infotmó que entre los 23 menores se encuentran cinco de sus hijos. “Somos familia todos, les puedo dar nombre por nombre de los niños, no somos secuestradores, ni traficantes de niños, tengo 5 hijos que también me los quitaron, mi cuñada tiene 4, la otra cuñada tiene 7 hijos, y mi papá dejó dos pequeños, una pequeña está en el DIF”, refirió.
Ahora, Nereida Gómez Sanchez reclama las autoridades la liberación de su madre, su hermana y sus dos cuñadas.
Ayer, lunes, el DIF entregó cinco de.los niños a sus abuelos. Según el comunicado del DIF estatal, el lunes se presentaron en las instalaciones Roberto Montejo y Guadalupe González, padres de Juana Montejo González, una de las inculpadas y presa en el penal de El Amate, para reclamar con actas de nacimiento la entrega de los menores.
Roberto Montejo González, hermano de Juana de 28 años, dijo que su hermana es inocente y que 7 de los niños son sus hijos, entre ellos una bebé de tres meses, pero solo cinco cuenta con las actas de nacimiento, “pero estamos dispuestos a que las autoridades hagan la prueba de ADN para que compruebe que son sus hijos”.
El caso deja entrever muchas cosas del Gobierno Morenista en Chiapas y al Fiscal, Jorge Luis Llave Abarca, quien ya ha sido sindicado ante organismos de Derechos Humanos por casos de tortura y algunos medios de comunicación lo señalan por armar casos y expedientes a modo.
