Después de 10 años de buscar y no encontrar a los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecidos en Guerrero, las familias de los alumnos lanzaron un llamado a la sociedad mexicana para que se unan el jueves a la protesta que atravesará Ciudad de México exigiendo verdad y justicia. No sólo por ellos sino por los más de 115 mil desaparecidos que tiene el país.
Los nombres de los 43 estudiantes se proyectaron el miércoles por la noche en un emblemático edificio de la capital y resonarán el jueves en una movilización por el centro de la ciudad, que amaneció blindado ante posibles brotes violentos.
La convocatoria, precedida de distintos actos y marchas durante toda la semana, está marcada por el dolor, la indignación y el hartazgo de los padres que durante todo el mes visitaron escuelas, universidades o sindicatos para sumar apoyos porque, como recordaba Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los desaparecidos, “si no, ¿qué van a saber (la gente) que aquí seguimos?”.
A una década de los hechos, las familias siguen sin tener respuestas. Las autoridades consideran que los jóvenes fueron asesinados, pero sólo se han localizado restos de tres de ellos.
“El caso Ayotzinapa evidenció el funcionamiento impune del dispositivo de desaparición… Que se ha mantenido vigente en México por décadas y ha producido crueldad y sufrimiento” dijo Fundar, una ONG que acompaña a las familias, que pidió a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, atención psicológica y jurídica urgente ante el abandono institucional que han sufrido.
Han pasado dos administraciones, hay decenas de detenidos —entre ellos un exprocurador general de México— y ha habido cientos de búsquedas, pero México sigue sin saber el destino de los jóvenes atacados por policías en la localidad de Iguala, Guerrero, en 2014. La investigación fue señalada por sus irregularidades, por torturas y manipulaciones para ocultar la verdad, según la actual fiscalía federal.
Este gobierno determinó que fue un crimen de Estado y apuntó al tráfico de heroína como posible desencadenante del ataque. También confirmó que un cártel local actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.
Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, que culmina su mandato el 30 de septiembre, se distanció el miércoles, un día antes del cumplirse 10 años de la desaparición, de parte de esos avances.
Minimizó los casos de tortura perpetrados por la anterior administración y que hicieron que muchos sospechosos fueran liberados por esos abusos, se distanció del móvil del tráfico de heroína e insistió en que las acusaciones que vinculan al Ejército obedecen a intereses políticos, tanto nacionales como extranjeros, porque no hay pruebas que los vinculen a la desaparición sino tan sólo a una posible omisión de ayuda.
“No hay, que les quede muy claro, no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió”, dijo López Obrador este jueves. “Queríamos saber todo, se complicaron las cosas, están enredadas, por intereses, pero la verdad siempre se abre paso y la justicia tarda, pero llega”.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que envió expertos independientes a investigar durante ocho años, mostró su preocupación por “la actual paralización de la investigación y el retroceso” en algunas áreas.
“Subsisten una serie de obstáculos relacionados con la entrega de información por parte de corporaciones de seguridad y persiste el llamado ‘pacto de silencio’, que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores”, señaló en un comunicado.
