El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad en lo general sancionar al comité estatal de Morena en San Luis Potosí con 5 millones 923 mil 788.28 pesos por incumplir con la obligación de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña de Paloma Rachel Aguilar Correa, María del Consuelo Jonguitud Munguía, Luz María Lastras Martínez y Mónica Liliana Rangel Martínez, aspirantes a la candidatura para la gubernatura de esa entidad y por realizar diversas modificaciones a su convocatoria al proceso interno de selección.
El proyecto de resolución aprobado establece que la omisión de presentar el informe de precampaña se debió, en gran medida, a las modificaciones efectuadas por Morena a la convocatoria del proceso de selección interno para la candidatura a la gubernatura en San Luis Potosí, lo que impidió que las ciudadanas pudieran obtener su registro en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y así estar en condiciones de habilitar una cuenta para presentar el informe de precampaña correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización.
En sesión extraordinaria semipresencial, la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que derivado de estos hechos a tres de las ciudadanas se les impuso una multa individual por 5 mil UMAS, equivalentes a 434 mil pesos, mientras que a María del Consuelo Jonguitud Munguía una amonestación pública por no contar con capacidad económica para hacer frente a la sanción, dado que en todos los casos se acreditó la existencia de actos de precampaña aunque se materializaron cuando ya había concluido el periodo para esas actividades.
Respecto al Partido Verde Ecologista de México, precisó, se consideró que dicho partido fue el responsable de no entregar los informes de precampaña de dos ciudadanas precandidatas y, por tanto, se le impuso una multa de 515 mil 529.14 pesos, mientras que a Cinthia Verónica Segovia Colunga (candidata a la Diputación Local del Distrito 1 con cabecera en Matehuala) y a Tomás Zavala González (candidato a la Presidencia Municipal de Matehuala) se les aplicó una sanción por mil 250 UMAS, toda vez que ambas personas reconocieron haber realizado actos de precampaña.
El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, afirmó que la fiscalización busca impulsar la transparencia en el ejercicio de los recursos usados por los partidos políticos, candidatas y candidatos que compiten por un cargo de representación popular y evitar las dobles contabilidades, el uso indiscriminado del efectivo, empresas fachadas y la triangulación de gastos, así como detectar erogaciones no reportadas a la autoridad electoral.
El proceso electoral más grande y complejo de la historia, también será el más transparente y vigilado
Córdova Vianello aseguró que el proceso electoral en curso, el más grande y complejo de la historia, también será el más transparente y vigilado debido al modelo de fiscalización establecido y las sinergias generadas a través de convenios de colaboración con autoridades financieras, fiscales y hacendarias que permitirán consolidar un circuito de transparencia, rendición de cuentas y probidad en materia electoral.
Sostuvo que la fiscalización del INE es un importante eslabón en la cadena de confianza de los procesos electorales, basada en el Sistema Integral de Fiscalización que contempla el monitoreo de la existencia de propaganda; las visitas aleatorias a las casas de campaña y eventos públicos organizados; la recepción y sustanciación de las quejas que se presentan durante las campañas en materia de fiscalización; el análisis de la información reportada y los informes bancarios, actividades comerciales y financieras.
“Para este proceso electoral, el más grande de nuestra historia, se han registrado hasta el momento 19 mil 390 candidaturas en el sistema, tanto las relativas al Proceso Electoral Federal como los procesos locales. Ése, de entrada, es el universo que este Instituto deberá fiscalizar. De ahí que sea tan importante la entrega oportuna de los informes de campañas”, insistió.
En esta ocasión no se sancionó con el retiro de candidaturas
El Consejero Uuc-kib Espadas manifestó su satisfacción por el sentido en que se plantean los dictámenes relacionados con el proceso electoral de San Luis Potosí, toda vez que no aplican el extremo de la ley.
“Creo que se cumple así el objetivo de la fiscalización; estamos detectando faltas y las estamos sancionando con una fuerza suficiente para inhibir la recurrencia en estas acciones y paralelamente se están garantizando derechos fundamentales, muy destacadamente, insisto, el derecho al voto activo de los potosinos”, indicó.
El Consejero Martín Faz consideró que la autoridad electoral debe verificar escrupulosamente si las faltas señaladas efectivamente fueron cometidas por las personas referidas para, en consecuencia, aplicar las sanciones correspondientes.
“Esta autoridad electoral debe realizar un riguroso escrutinio de cada caso presentado para determinar, en primer lugar, si efectivamente se acreditó la conducta que se le atribuye a cada persona para después analizar si la consecuencia prevista por la ley es proporcional con el daño causado a los bienes jurídicos que se pretende salvaguardar. Bajo ese sentido no puedo acompañar integralmente la propuesta circulada”, adelantó.
La Consejera Carla Humphrey comentó que la autoridad electoral debe observar la exhaustividad y oportunidad en sus procesos de fiscalización, lo que no fue posible debido a que los propios partidos políticos señalados no cumplieron con lo establecido en la ley respecto a los informes de ingresos y gastos de precampaña.
“Esta autoridad no puede permitir que se generen precedentes que, a la postre, traerán aparejados efectos perniciosos de impunidad o como una vía para exentar los alcances de la ley. Además, esta autoridad nacional como depositaria originaria de la facultad de fiscalización no requiere la validación de autoridad electoral alguna para que ejerza sus funciones de fiscalización de los recursos de todos los sujetos obligados”, sostuvo.
Conducta encontrada en SLP es grave
La Consejera Claudia Zavala afirmó que la omisión cometida en San Luis Potosí es grave y debe ser medida por trastocar el sistema de fiscalización que está dispuesto para el control de los recursos que se aplican en precampañas o en campañas y es similar a hechos previamente analizados por la autoridad electoral. Explicó que, en este caso, el partido Morena ubicó el periodo de precampaña fuera del plazo establecido, lo que no permite la adecuada fiscalización de los recursos.
“A mí me parece que tenemos que buscar un esquema desde los sistemas y los actos si están fuera de precampaña tendríamos que enviarlo al OPL para que revise si es un acto anticipado de campaña y, en la ley de San Luis Potosí ¿con qué creen que se sanciona el acto anticipado de campaña? Con la pérdida del registro”, advirtió.
El Consejero Ciro Murayama se pronunció por incluir los gastos detectados fuera del periodo de precampañas a las campañas que en su caso hagan las personas sancionadas.
“Eso lo propongo para que no quede en el limbo este gasto el cual tuvo un beneficio posterior a la precampaña y los beneficios posteriores a una precampaña, ¿a quién favorecen?, pues a quien luego inicia la campaña, obviamente”, dijo.
La Consejera Dania Ravel hizo una síntesis de los hechos establecidos en el proyecto de dictamen en donde destacó los hallazgos de gastos de precampaña no reportados, sin embargo, señaló, se hicieron una vez concluido el periodo de precampaña definido para la candidatura al gobierno de San Luis Potosí.
“De la evidencia que obra en el expediente, me parece que sólo se puede deducir que María del Consuelo Jongitud Munguía fue precandidata a la gubernatura de San Luis Potosí, porque se registró en el proceso interno de selección de Morena el 4 de diciembre, es decir, dentro del periodo de precampañas para la gubernatura de San Luis Potosí que corrió del 10 de noviembre 2020 al 8 de enero de 2021”, explicó.
Detecta INE irregularidades en informes de ingresos y gastos
Por desistir a su candidatura previo a la conclusión del periodo para la obtención del apoyo ciudadano y omitir presentar el informe de ingresos y gastos, el Consejo General aprobó por unanimidad en lo general imponer al candidato independiente al cargo de Presidente Municipal para el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, Rodrigo González Enríquez la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.
De igual forma, imponer a Indalecio Neyoy Alcantar, aspirante a candidato independiente a Presidente Municipal de Etchojoa, una Amonestación Pública, por presentar fuera de tiempo el informe para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía, en ejercicio a la garantía de audiencia.
La Consejera Adriana Favela informó que con estos dos casos se concluye con la revisión a los informes de ingresos y gastos de la etapa de obtención del apoyo de la ciudadanía derivado de las múltiples determinaciones de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, que otorgaron plazos adicionales a las personas aspirantes a candidaturas independientes.
El Consejero Uuc-kib Espadas manifestó su rechazo a la cancelación del registro como candidato de Rodrigo González al considerar que es una sanción desproporcionada con base en los argumentos expresados por él mismo en sesiones de Consejo General anteriores.
El Consejero Martín Faz anunció su voto a favor del proyecto en lo general, pero pidió una votación particular en el tema relacionado a dar vista a los 32 Organismos Públicos Locales (OPL), en tanto, el Consejero José Roberto Ruiz pidió considerar una votación relativa a la indebida construcción de la Matriz de Precios que se realizó con una depuración excesiva en cuanto a los registros.
“Obviamente referir que votaré en lo general a favor del proyecto, no obstante, solicito una votación en lo particular para apartarme de la vista propuesta de los 32 órganos, a los Organismos Electorales Locales, tal y como lo he sostenido en votaciones anteriores”, estimó Martín Faz.
“Acompañaré las votaciones que ya se solicitaron en lo particular, pero también estaría pidiéndole al Secretario que pueda considerar otra votación más, y es la relativa a la indebida construcción de la Matriz de Precios que, a mi juicio, fue construida con una depuración excesiva en cuanto a los registros”, sentención José Roberto Ruiz.
Acata CG sentencia del TEPJF respecto a elección por senaduría del estado de Nayarit
El Consejo General aprobó por unanimidad en lo general el Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de los procedimientos realizados en el periodo de precampaña, del proceso electoral federal extraordinario 2021 para la elección de senaduría de la LXV Legislatura, del estado de Nayarit.
La Consejera Adriana Favela explicó que este dictamen se elaboró previamente a que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara el Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado y el decreto de la Cámara de Senadores por el que se convocó a la elección extraordinaria de la segunda fórmula de Mayoría Relativa en Nayarit, así como todos aquellos actos que se hayan emitido con relación a dicho proceso.
“A la fecha de la elaboración del presente dictamen aún no había causado estado dicha determinación, es por ello que se pone a consideración del Consejo General del INE el dictamen que da cuenta de los procedimientos de auditoría que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización”, enfatizó.
Desahoga CG acatamientos de sentencias
Durante la sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó en lo general diversos acatamientos de sentencias de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF.
Al respecto, la Consejera Adriana Favelaexplicó que se modificó la sanción originalmente impuesta al Partido Encuentro Social en Morelos, quedando con una multa por 58 mil pesos, ya que se acreditó que el partido sí reportó el gasto por la producción de un promocional de televisión, pero dejó de presentar la muestra de dicho spot.
Asimismo, enumeró, se cumplimentó la sentencia que recayó al recurso de apelación por la cual se revocó la conclusión del Partido Morelos Progresa y ordenó al Consejo General emitir una nueva determinación sobre el alcance de dicha conclusión, con lo que se dejó sin efecto dicha observación por considerar que los gastos realizados por una camisa y una vinilona detectadas en un evento deberán reportarse por el partido político en el informe anual 2020.
Finalmente, precisó, se acató la sentencia recaída contra Arturo Flores Mercado, aspirante a candidatura independiente a la presidencia municipal de Acapulco, Guerrero, a quien, luego de analizar su caso, se le sancionó con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021, pero se eliminó el impedimento de participar en los dos procesos electorales subsecuentes.
La Consejera Norma De la Cruz y los Consejeros José Roberto Ruiz y Uuc-kib Espadas anunciaron su separación del proyecto propuesto respecto de la pérdida del derecho de Arturo Flores a ser registrado de como candidato en el marco del proceso electoral vigente, pues consideraron que dicha sanción era excesiva.
