El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que, desde el pasado mes de agosto, el Ejecutivo Federal retiró el nombramiento para que Arturo Herrera Gutiérrez formara parte de la Junta de Gobierno del Banco de México, por lo que el Senado está a la espera de que se le envíe la propuesta para esta designación.
Recordó que la Cámara de Senadores tiene que ratificar ese nombramiento, porque el 31 de diciembre concluye en el cargo el actual gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León Carrillo, y el 1 de enero de 2022 tiene que haber un nuevo Gobernador.
En entrevista, el senador dijo que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público “es un buen elemento”, su nivel profesional y sus conocimientos lo colocan como un perfil adecuado para el Banco de México, pero el Presidente de la República es quien realiza el nombramiento.
Ricardo Monreal estimó que, en los próximos días, el Ejecutivo Federal envíe la misma u otra propuesta, pues tiene la facultad de proponer a quien formará parte del Banco de México y es facultad exclusiva del Senado de la República ratificar o no el nombramiento que envíe el Presidente de la República.
“Así es que no hay problema, yo espero que en los próximos días se pueda enviar o el mismo nombre u otro”, porque es una facultad del Presidente de la República, para que la Cámara de Senadores proceda a examinar la propuesta para los requisitos de elegibilidad y la ratificación que corresponde.
Monreal Ávila también enfatizó que Morena en el Senado cerrará filas con el titular del Ejecutivo Federal en torno al acuerdo que publicó para declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México
En ese sentido, rechazó que este documento sea inconstitucional, pues se publicó con base a las facultades constitucionales del Presidente de la República. “Creo que fue meditado, cuidadoso y oportuno”, porque las obras y proyectos emblemáticos de esta administración habían enfrentado obstáculos y de alguna manera retrasos.
Además, negó que este acuerdo esté en contra de la transparencia, “ni es autoritario ni es opaco”, al contrario, el decreto es legal, constitucional y oportuno, para continuar el proceso de transformación y la creación de infraestructura en México, insistió el líder de la mayoría legislativa en el Senado de la República.
El senador asentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá las acciones de inconstitucionalidad que se presenten en contra del acuerdo y que las instancias correspondientes determinarán si existen o no irregularidades en estas obras.
