El pasado 22 de agosto se cumplieron cuatro años de los ataques, que siguen impunes en contra de Humberto Padgett, periodista independiente y colaborador de Grupo Fórmula y Grupo Imagen, quien en 2017, durante una cobertura e investigación periodística fue retenido, encañonado, amenazado de muerte, golpeado y despojado de sus pertenencias por sujetos armados, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México.
Los hechos sucedieron alrededor de las 16:00 horas del día 22 de agosto, cuando el periodista y comunicador investigaba sobre el narcomenudeo en la Universidad. Padgett estaba en el área conocida como “Frontón de Ingeniería”, cuando uno de los vendedores descubrió que Padgett traía una videocámara oculta en su chamarra, éste y avisó a otros vendedores y se aproximaron entre 10 y 12 sujetos.
Ya retenido, uno de los hombres, sacó de su mochila un arma tipo escuadra color negro y encañono al periodista mientras que los otros sujetos lo amenazaron. Ante ello, Padgett tuvo que entregar la cámara de video mientras era golpeado continuamente en el rostro y cuerpo. Durante el ataque, otros dos sujetos sacaron dos armas de fuego, uno de ellos corrió el cerrojo, lo que permitió la sustracción de la cartera del periodista. Una vez que sustrajeron su credencial de elector, la fotografiaron mientras los individuos lo amenazaron de muerte y a su familia si él decidía hacer algo al respecto.
Después de ser liberado, Humberto acudió a la entonces Procuraduría General de la Ciudad de México a levantar una denuncia. Por estos hechos, la PGJCDMX abrió una investigación. Sin embargo, aunque existían elementos para calificar los hechos como delitos de delincuencia organizada cuyo objetivo fue silenciar la labor periodista de Humberto, la Procuraduría calificó el crimen como robo y otorgó beneficios procesales a los agresores.
Pero la ausencia de una investigación diligente, omitir la labor periodística como móvil del crimen y la falta de acceso a la justicia no fueron las únicas violaciones a sus derechos. Durante el proceso de investigación, las autoridades entregaron directamente a los agresores el análisis de riesgo sobre la situación del reportero y su familia. Este análisis contiene datos personales y sensibles pues detalla información privada y personal del periodista así como los detalles del plan de protección entonces asignado.
Por estos hechos y debido al mal actuar de las autoridades, dos años después de los crímenes contra Humberto y su familia, la Comisión de Derechos de la Ciudad de México, CDHCM, emitió la Recomendación 19/2019 la cual señala, entre otros, la responsabilidad de la ahora Fiscalía por reparar el daño e investigar tanto el crimen como a quienes omitieron el resguardo de información.
Artículo 19 afirma que las agresiones contra Humberto ocurren y existen ante un Estado que omite prevenir y proteger a la prensa, por un lado y por el otro, que no actúa para reparar el daño, reducir la impunidad y garantizar la no repetición. Desde aquel 22 de agosto de 2017, Humberto ha sido sujeto de otras agresiones vinculadas con su labor periodística, incluyendo detenciones arbitrarias, ataques físicos e incluso una demanda de daño moral a consecuencia de investigaciones periodísticas. La repetición de actos de violencia contra Padgett reflejan la ausencia de mecanismos eficaces que enfrenten y solucionen las razones que llevan a violentar y silenciar a la prensa.
“Aún peor, las mismas autoridades facultadas y responsables de reparar el daño y proteger han incurrido en revictimización y violaciones de los derechos de Padgett y su familia”, señala Artículo 19.
El 10 mayo de este año, la Comisión Especial de Atención a Víctima de la Ciudad de México, aprobó las medidas de compensación como parte del Plan individual de reparación integral del daño tanto de Humberto como de su familia. Sin embargo, el 2 de junio de 2021, al considerar que dicha resolución es violatoria de los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la reparación integral del daño —en ejercicio del derechos a recurrir las determinaciones negativas— Humberto Padgett y sus representantes interpusieron una demanda de amparo de la cual le correspondió conocer al Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien en términos de los artículos 108, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo decidió admitirla.
Semanas después, Armando Ocampo, comisionado ejecutivo de la CEAVI interpuso una queja solicitando a las autoridades judiciales desechar el amparo. Con esta acción el Comisionado Ejecutivo contravino su responsabilidad de velar por la protección más alta de las víctimas e incluso violenta derechos constitucionales como la figura del amparo.
A cuatro años de los crímenes cometidos contra Humberto Padgett y su familia es inaceptable que las autoridades omitan actuar y por el contrario continúen violentando a las víctimas. La Fiscalía y la CEAVI con todos los recursos disponibles están obligadas a cumplir con la máxima diligencia el instrumento recomendatorio para evitar ese tipo de violaciones a derechos humanos no se vuelvan a repetir —pero ante todo— que las víctimas perciban las acciones de dichas autoridades con una finalidad reparadora.
