Ejército reportó presuntos nexos del narco con 14 candidatos de tres estados en las elecciones de 2021

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Al menos 14 candidatos a presidentes municipales y diputados, de los que nueve resultaron ganadores en la elección de 2021, fueron señalados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por tener posibles vínculos con grupos del crimen organizado en Morelos, Guerrero y San Luis Potosí. 

Los políticos pertenecen a PRI, Morena, PAN, PT, MC, Redes Sociales Progresistas, Nueva Alianza y PRD, y presuntamente tienen relación con Guerreros Unidos, La Familia, Los Rojos, Cártel Independiente de Infiernillo y Cártel Jalisco Nueva Generación, según diversos reportes contenidos en la información de la Sedena obtenida por el grupo hacktivista Guacamaya.  

Uno de los señalados es el morenista Rafael Ramírez, reelecto como alcalde de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, con presuntos vínculos con el Cártel Independiente de Infiernillo, y quien en mayo pasado fue atacado a bordo de su vehículo por un grupo armado cuando circulaba por Zihuatanejo. 

La investigación sobre los candidatos de dicha región se encuentra en el informe realizado por elementos del Campo Militar 27-D, Gral. Div. Vicente Guerrero, en Zacatula, Guerrero, enviado a la División Gustavo G. León González, en Pie de la Cuesta, el 30 de enero de 2021. Según se informa, se trata del cumplimiento de una orden emitida por videoconferencia el 19 de septiembre de 2020; el mensaje tiene carácter de “urgente”. 

Uno de los señalados es el morenista Rafael Ramírez, reelecto como alcalde de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, con presuntos vínculos con el Cártel Independiente de Infiernillo, y quien en mayo pasado fue atacado a bordo de su vehículo por un grupo armado cuando circulaba por Zihuatanejo. 

La investigación sobre los candidatos de dicha región se encuentra en el informe realizado por elementos del Campo Militar 27-D, Gral. Div. Vicente Guerrero, en Zacatula, Guerrero, enviado a la División Gustavo G. León González, en Pie de la Cuesta, el 30 de enero de 2021. Según se informa, se trata del cumplimiento de una orden emitida por videoconferencia el 19 de septiembre de 2020; el mensaje tiene carácter de “urgente”. 

De acuerdo con el análisis de la Sedena, el interés en los comicios por parte de los cárteles obedece a dos razones: “Mantener el control territorial para la producción, tráfico y comercialización de las drogas, así como zonas francas y seguras para sus familias. Y obtener contratos legales del gobierno o facilidades para hacer inversiones en el sector industrial, comercial o inmobiliario, a través de empresas constituidas legalmente, con las cuales lavan sus ganancias ilícitas”. 

Así lo explica en el informe del proceso electoral 2020-2021, realizado por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional, que describe como “riesgo y amenaza” la cooptación de candidatos por parte del crimen organizado. 

“Los apoyos económicos irregulares a los candidatos provenientes de grupos sociales con intereses particulares es la forma más directa de intervención de actores ajenos al proceso electoral. Esta situación supone una grave vulneración a los principios democráticos a los que aspira consolidar el Estado mexicano”, advierte el análisis.

Los candidatos señalados 

La Sedena reporta un presunto vínculo del crimen con el priista José de Jesús Soni Bulos, actual alcalde de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí, a través de su hermano Jorge Luis Soni Bulos, ‘el Coquis’, “vinculado como encargado de una célula delictiva afín al CSLPNG (Cártel De San Luis Potosí Nueva Generación)-CJNG en Tanquián de Escobedo, S.L.P., y se tiene información que se alió con el grupo delictivo ‘CDG’ y ‘Cártel de los Alemanes”’.

Así lo refiere su ficha de investigación realizada por la Sedena, en la que también incluye su información personal, académica y laboral. Tuvo una diputación local entre 2008 y 2012, cuando fue presidente de la Comisión de Hacienda y Desarrollo Municipal e integrante de la Comisión de Vigilancia en el Congreso potosino; en 2012-2015, fue alcalde de San Vicente Tancuayalab. 

Brisseire Sánchez López, actual presidenta municipal de Tampacán, San Luis Potosí, contendió por el PRI y resultó reelecta en 2021. La Sedena le atribuyó vínculos con el CSLPNG, pues “se tuvo conocimiento que ‘el Coquis’ (tío de Gashy Said Maslum Soni, su esposo, detenido en 2013 con armas) fue quien presuntamente financió la candidatura de Brisseire Sánchez López donde ganó en 2018”, es decir, en su primer periodo en la alcaldía. 

Arnulfo Urbiola Román, alcalde de Rioverde, San Luis Potosí, fue integrante del octavo Cuerpo de Caballería de la Defensa Rural, perteneciente a la Sedena, en el municipio de Rioverde, y “señalado presuntamente de mantener vínculos con integrantes de la delincuencia organizada, al igual que de mantener supuestamente controlado el tráfico de combustible ilícito procedente del estado de Tamaulipas utilizando la Carr. Fed. No. 70 (Tampico, Tamps.-Ébano-Tamuin-Cd. Valles-Rioverde, S.L.P.)”.

De acuerdo con la ficha de investigación de la Sedena, Urbiola es empresario, dueño de gasolineras, una pensión de grúas, una mina de extracción de yeso y grava, un hotel y una línea de tráileres en Rioverde. En 2017, fue director de Planeación y Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y después, fue nombrado coordinador del Mando Único Policial de la Zona Media, con sede en Rioverde. 

En un informe sobre la elección de Morelos, reportado en mayo de 2021, la Sedena refirió que la entonces candidata y ganadora de una diputación local por MC, Luz Dary Quevedo Maldonado, “posiblemente tenga nexos con el grupo delictivo Los Rojos, liderados por Abraham Ortiz López, alias ‘el Tacón’ o ‘el Maza’”. 

En tanto, Agustín Alonso Gutiérrez, candidato ganador de Nueva Alianza a una diputación local, “mantenía relaciones de amistad con el jefe de plaza del grupo delictivo Guerreros Unidos; asimismo, fue mencionado en un mensaje escrito por la delincuencia organizada  localizado en Yautepec, Morelos”. 

El alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, también es presuntamente vinculado con Los Rojos en dos informes de la Sedena, uno de febrero de 2019 y otro de mayo de 2021. Ganó su segundo periodo al frente de la alcaldía en 2021. 

Entre los candidatos que no resultaron ganadores está Jair Morón Valdés, quien contendía por una diputación local por el Partido Fuerza Morelos; en el informe de 2021, la Sedena lo señaló como “operador financiero del grupo Guerreros Unidos”. Actualmente, es líder de la organización Restaurantes, Bares y Comercios Establecidos (Rebace) y representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la zona oriente de Morelos. 

El candidato a la diputación federal Enrique Alonso Plascencia, por Redes Sociales Progresistas, “posiblemente tenga nexos con miembros del grupo delictivo La Familia liderados por Luis Gómez Gómez, alias ‘Kalimán’”.

Alonso Plascencia fue detenido en septiembre pasado por presunta portación ilegal de armas, según reportes periodísticos. Se trató de la segunda detención, pues en 2009 fue acusado de tráfico de personas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

El empresario Carlos Benítez Sánchez, asesinado en agosto pasado tras el ataque armado que sufrió en el centro de Cuautla, buscó la alcaldía por el Partido Social Demócrata (PSD), y según la Sedena, “mantenía relaciones de amistad con el jefe de plaza del grupo delictivo Guerreros Unidos”.

Víctor Hugo Bobadilla Gutiérrez, candidato a una diputación local por el PT, no ganó pero la Sedena registró que “mantiene nexos con integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos”. En febrero pasado, fue baleado por dos hombres en la carretera federal México-Cuautla.

En otro informe, la Sedena refiere que 12 presidentes municipales, tanto de la administración 2015-2018 como de la 2019-2022, fueron cooptados por Santiago Mazari Hernández, ‘el Carrete’, líder de Los Rojos. “Algunos recibieron financiamiento en sus campañas políticas, por lo que están sujetos al pago de cuotas para restituir el dinero y otros por concepto de extorsión”, señala.

Con información de Animal Político

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