El Presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un nuevo frente de batalla después de tener un reverzaso con la Reforma Eléctrica, que es, una reforma electoral constitucional que pretende deshacer al Instituto Nacional Electoral (INE), reducir el Congreso y asestar un golpe a la representación de los partidos de Oposición.
La reforma electoral propuesta pretende eliminar a los diputados y senadores de mayoría y en cambio plantea elegirlos por la vía plurinominal. Establece reducir de 500 a 300 los diputados y de 128 a 96 senadores, pero mediante listas estatales de candidaturas por partido y una de candidatos independientes.
Los escaños y curules se repartirían de acuerdo a la votación obtenida por partido en orden de lista y corresponderían 300 diputados a nivel nacional asignando a cada estado de acuerdo al tamaño de su población, así entidades pequeñas como Baja California Sur, Campeche y Colima tendrían dos y la más grande que es el Estado de México alcanzaría 40.
Expertos consultados advierten que la iniciativa incluye “ocurrencias”, pero también asuntos que de prosperar podrían ser peligrosos para la democracia y adelantan que por su contenido y por la falta de diálogo con la oposición la segunda iniciativa del trienio “nació casi muerta”.
El analista Arturo Espinosa aseguró que, si bien el argumento del presidente para modificar el marco legal en material electoral es “democratizar al país”, lo que en el fondo propone es borrar el federalismo.
“Es una reforma que él propone que sea democrática, que se ponga en el centro a la ciudadanía, que quienes decidan sean los ciudadanos, pero por otro lado es una reforma que plantea darle todo el poder a una sola autoridad electoral, centralizar el poder; es borrar de un plumazo el federalismo electoral”, advierte el también columnista de Expansión Política.
Javier Martín Reyes, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que la propuesta de reforma electoral del AMLO es altamente regresiva, pero confió en que no pasará en el Congreso, por no existir las condiciones.
Coincidió en que la reforma propone “borrar de un plumazo” a todas las autoridades locales, es decir, que los estados no puedan definir absolutamente nada en términos de su legislación electoral sin consejeros que respondan a las necesidades electorales de cada entidad. Con ello, se dará una concentración “brutal del poder”.
La iniciativa propone eliminar al Instituto Nacional Electoral y crear en su lugar al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, integrado por siete consejeros y no por 11 como sucede actualmente, elegidos a través del voto popular, secreto, directo y universal.
Además desaparece los órganos electorales locales al otorgar la facultad de organizar los comicios en todo el país a ese nuevo Instituto y además propone limitar el número de diputados en Congresos locales de acuerdo al número de población de la entidad, al igual de desaparecer algunas regidurías en los ayuntamientos. La propuesta eliminaría el financiamiento público ordinario a los partidos políticos nacionales y locales y únicamente entregaría presupuesto federal en las campañas electorales lo que de acuerdo con los funcionarios implicaría ahorrar 24 mil millones de pesos.
La propuesta de López Obrador, que este jueves 28 de abril llegó a San Lázaro y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, modifica 18 artículos de la Constitución y agrega siete transitorios para implementar el voto electrónico en los procesos electorales, dejando su regulación a la ley y también la participación de los mexicanos en el extranjero.
La coalición opositora Va por México en la Cámara de Diputados manifestó su rechazo a la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. En conferencia de prensa, los líderes parlamentarios del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Cházaro, descartaron la convocatoria a un periodo extraordinario y anticiparon que, en su caso, se debatirá a partir de septiembre.
Jorge Egrén Moreno, especialista en temas electorales, refirió que por la forma en que se propone la elección de los siete nuevos consejeros electorales podría estar en juego la imparcialidad en sus funciones.
“Los consejeros serían electos por el voto popular, esto podría poner en riesgo la imparcialidad de los consejeros porque son propuesta de un poder, lo cual podría atarlos”, sostuvo.
Desde hace ya algunas décadas, prácticamente en cada sexenio se impulsa una reforma político-electoral como sucedió con Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. A diferencia de la propuesta del presidente López Obrador, las anteriores iniciativas solían presentarse en los primeros años de Gobierno, pues ello permitía poner a prueba la nueva legislación en las elecciones intermedias.
