EFE.- El proceso penal en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por su presunta responsabilidad en el incendio en una estación migratoria a finales de marzo del año pasado, y que causó la muerte de 40 migrantes y dejó 27 lesionados, está suspendido desde finales de 2023 debido a un amparo interpuesto por los representantes legales de las víctimas.
Además de Garduño, quien este lunes acudió a firmar ante los juzgados federales en Ciudad Juárez como medida cautelar, otras 10 personas están sujetas a procesos penales por el incendio y sus consecuencias.
También se han iniciado al menos cuatro causas penales contra ellos, pues fueron detenidos y puestos a disposición de jueces federales en diferentes fechas, lo que motivó la radicación de diversas causas y delitos, aunque se juzga un solo hecho con varias víctimas.
La Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) son algunas de las organizaciones que acompañan y representan a los sobrevivientes.
Blanca Navarrete, coordinadora de DHIA, dijo este martes que buscan que “se unifiquen las distintas causas penales porque no hacerlo implica segmentar la realidad” y no permite ver que lo sucedido en la estancia del INM fue una gran violación a derechos humanos.
“El proceso penal está en pausa por un amparo que interpusimos las organizaciones que acompañamos a algunos de los sobrevivientes y a algunas de las familias de los fallecidos porque lo que buscamos es que la justicia realice una investigación integral de los hechos, y no que segmente el caso como lo ha hecho hasta ahora”, declaró Navarrete.
Los representantes de las víctimas también dijeron que, de seguir así, con varias causas penales, “se desgastaría a los sobrevivientes, testigos, a los acusados y a las propias organizaciones” pues todos tendrían que comparecer a varios juicios orales.
Manuel Ochoa, abogado de Garduño, dijo a medios que están a la espera de que se resuelva el amparo y mientras tanto su representado está cumpliendo con las medidas cautelares que le impuso el juez, y a la fecha ha comparecido a firmar en 17 ocasiones.
A Garduño y a Antonio Molina, quien fue director general de control y verificación del INM se les abrió un proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
De acuerdo con las organizaciones que representan a las víctimas, Antonio Molina ya no acude a firmar por lo que podría estar sustraído del proceso penal. A él se le permitió enfrentar el proceso en libertad, igual que a Garduño.
A finales de octubre pasado iban a terminar los plazos para la investigación complementaria en la mayoría de las causas penales, pero todo está suspendido por el amparo.
Las nueve personas, a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, siguen presos. De ellos, seis son funcionarios públicos.
Garduño continúa como titular del INM a pesar del proceso que enfrenta y de las protestas que han realizado organizaciones que exigen su renuncia desde el incendio.
“A un año de la tragedia de Ciudad Juárez, en la que fallecieron calcinados tantos migrantes, sigue al frente del INM, Francisco Garduño. De no creerse. Y el tráfico ilícito de personas continúa”, criticó la diplomática Martha Bárcena recientemente desde sus redes sociales.
